L D (Agencias) En su auto, la Sección Sexta considera que existen indicios de la comisión de los delitos de detención ilegal, de falsedad en documento público y de la participación en los mismos del comisario, el inspector y el funcionario de policía imputados.
La sala cree pertinente la apertura de juicio oral –corresponderá a la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid– ya que se puede "sostener a nivel indiciario la implicación de los tres imputados" en los delitos de "detención ilegal y falsedad".
El pasado mes de septiembre, la Fiscalía de Madrid había solicitado ante el juez de instrucción número 14 de la capital el archivo de las actuaciones seguidas contra los policías, al considerar que no existía ni delito de detención ilegal, ni delito de falsedad. Los tres policías recurrieron contra la decisión del citado juez de transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que implicaba continuar el proceso y que se pudiera abrir juicio oral, sin que se hubieran practicado una serie de pruebas que ellos reclamaban, como la declaración de testigos o el visionado de los vídeos sobre los incidentes.
Con ellas, los recurrentes pretendían demostrar que no existen indicios sobre una actuación delictiva por su parte, por lo que solicitaban el archivo de la causa y que ésta no pasase de la fase de diligencias previas. La Audiencia Provincial de Madrid considera ahora que no cabe acceder a la práctica de esas pruebas reclamadas pues, "o bien no son necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos, o bien ya se han practicado", quedando siempre la posibilidad de que las defensas las soliciten en posteriores fases procesales.
En cuanto a la necesidad de justificar por qué delito continúan las actuaciones, la sala deja claro que en esta fase "no juzga los hechos sino que se limita a comprobar la existencia de indicios". En ese sentido, el auto afirma que "estos indicios existen en esta fase procesal", ya que los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, fueron de hecho detenidos. El auto fija "a nivel indiciario" la existencia de un delito de amenazas y agresión física sobre la persona del ministro de Defensa, José Bono, pero entiende que "no existían motivos bastantes para creer que los dos citados militantes del PP tuvieran participación en esos hechos".
La sala entiende que no pude concluirse esa participación ni por las declaraciones de los testigos, ni por el visionado de grabaciones de varias televisiones. La detención podía haber estado "justificada", según el auto, en el momento de los hechos por la protección del ministro y el mantenimiento del orden público, pero no así tres días después.