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Rechazada la petición del PP para que Anticorrupción investigue el "caso Montilla"

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición del PP para que la Fiscalía Anticorrupción investigue la operación por la que La Caixa condonó al PSC 6,57 millones de euros en concepto de intereses de un crédito vencido en 1994. El portavoz socialista, Francesc Vallés (del PSC), rechazó la propuesta al considerar que la condonación es una "práctica legal habitual utilizada por todos los partidos y amparada por el Tribunal de Cuentas".

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición del PP para que la Fiscalía Anticorrupción investigue la operación por la que La Caixa condonó al PSC 6,57 millones de euros en concepto de intereses de un crédito vencido en 1994. El portavoz socialista, Francesc Vallés (del PSC), rechazó la propuesta al considerar que la condonación es una "práctica legal habitual utilizada por todos los partidos y amparada por el Tribunal de Cuentas".
LD (Agencias) La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado instar a este órgano fiscalizador a realizar sendos estudios sobre las donaciones de particulares y sobre las condonaciones de créditos de intereses y de capital a los partidos políticos en el período 2000-2005. Además, también ha acordado reclamar al Tribunal de Cuentas una relación pormenorizada de los créditos vencidos y no pagados en los últimos seis años.
 
Estas resoluciones se han aprobado por unanimidad, gracias a los votos del PSOE. Sin embargo, la petición del PP para que la Fiscalía Anticorrupción investigue la operación por la que La Caixa condonó al PSC 6,57 millones de euros en concepto de intereses de un crédito vencido en 1994, ha sido rechazada. El PP defendía esta medida al entender que podría existir una responsabilidad penal en la renegociación de este crédito y en el papel del ministro de Industria y primer secretario del PSC, Josep Montilla.
 
En la propuesta de resolución del PP se instaba a que el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, "examine los créditos vencidos y no pagados por los partidos políticos o las condonaciones de las que se hubieran beneficiado a fin de ejercitar acciones legales procedentes en caso de haberse producido vulneración de la legislación vigente en materia penal". Tampoco se ha admitido otra propuesta del Grupo Popular en la que se solicitaba al gobernador del Banco de España un informe sobre el cumplimiento por parte de entidades financieras de los requisitos legalmente establecidos para la financiación de partidos políticos.
 
El socialista Francesc Vallés ha justificado su rechazo a estas dos propuestas recalcando que el PP ha pretendido "criminalizar" una práctica utilizada "por todos los partidos" con el objetivo de "sembrar dudas y sospechas" y ha recordado que el propio fiscal del Tribunal de Cuentas ya señaló que no existía ninguna irregularidad contable. El “popular” Jaime Ignacio Del Burgo  ha calificado de "insuficientes" estos argumentos porque, aunque no haya irresponsabilidad contable, puede haber otras responsabilidades de "índole penal". Además, ha recordado que el ministro de Industria tiene que tomar "decisiones importantes sobre la entidad que le ha producido la condonación", en referencia a “La Caixa”.
 
Propuestas aprobadas
 
En cambio, si se han aprobado por unanimidad tres de las cinco propuestas presentadas por el PP. En concreto, se ha dado luz verde a la resolución que urge al órgano fiscalizador a presentar lo antes posible los informes relativos a la contabilidad de las formaciones políticas en los ejercicios 2003 y 2004. También se demanda al Tribunal de Cuentas que elabore un informe en el que incluya una "relación pormenorizada" de todos los créditos  vencidos y no pagados en los últimos seis años. Ese informe debería recoger, asimismo, "cualquier condonación que hubieran otorgado las entidades financieras" a las organizaciones políticas, detallando los "motivos de la morosidad" los argumentos esgrimidos para las condonaciones, y distinguiendo entre créditos personales e hipotecarios.
 
Además, se reclama al tribunal que preside Ubaldo Nieto que elabore una relación de las entidades financieras que han condonado deudas o han mantenido créditos vencidos en los últimos seis años, así como las características de cada operación condonada o morosa. En estas dos últimas propuestas, el PP ha aceptado las dos transacciones planteadas por el PSOE para fijar un marco temporal de seis años, plazo máximo que establece el Código de Comercio para guardar la documentación contable. El PP solicitaba inicialmente que la investigación afectara a la última década.
 
En otra de sus propuestas aprobadas, se insta al órgano fiscalizador a enviar a las Cortes una lista de los inmuebles que posee cada partido con su valoración catastral y especificando si su titularidad corresponde directamente a la formación política o a "sociedades mercantiles vinculadas". También reclama al tribunal que se pronuncie sobre la pertinencia de que los partidos utilicen sociedades mercantiles o fundaciones para la tenencia de los inmuebles en los que desarrollan su actividad política.

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