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La Fiscalía pedirá el lunes el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi por la huelga ilegal

Cándido Conde Pumpido ha anunciado este viernes que la Fiscalía pedirá el próximo lunes el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi. El fiscal general cambia de criterio después de que este jueves dijera que "no toma decisiones sobre los asuntos concretos y específicos". La petición del Ministerio Público se producirá mientras Otegi, en libertad bajo fianza, comparece en la Audiencia Nacional. Deberá declarar ante el juez Grande Marlaska como imputado por los actos violentos registrados este jueves durante la huelga ilegal convocada por Batasuna-ETA.

Cándido Conde Pumpido ha anunciado este viernes que la Fiscalía pedirá el próximo lunes el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi. El fiscal general cambia de criterio después de que este jueves dijera que "no toma decisiones sobre los asuntos concretos y específicos". La petición del Ministerio Público se producirá mientras Otegi, en libertad bajo fianza, comparece en la Audiencia Nacional. Deberá declarar ante el juez Grande Marlaska como imputado por los actos violentos registrados este jueves durante la huelga ilegal convocada por Batasuna-ETA.
L D (Agencias) El fiscal general del Estado ha sido el que ha anunciado este viernes, durante un desayuno organizado por el Centro de Estudios Jurídicos, que el fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Morán, pedirá el próximo lunes la prisión incondicional para Arnaldo Otegi. 
 
Cándido Conde Pumpido recordó que la Fiscalía ya solicitó en mayo la misma medida para el portavoz de la ilegalizada Batasuna y que el juez Fernando Grande Marlaska acordó la prisión bajo fianza. Tras depositar 400.000 euros, Otegi quedó en libertad.
 
Vistilla para el lunes por la huelga ilegal
 
El próximo lunes por la tarde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Fernando Grande Marlaska, celebrará una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estudiar si modifica la situación personal del batasuno. Según el auto dictado por el magistrado, para el miércoles está citado el ex portavoz de las Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano, y para el jueves, el secretario del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, la abogada Arantza Zulueta (que habitualmente defiende a presos de ETA en la Audiencia Nacional) y los responsables del partido ilegalizado Juan José Petrikorena y Pernando Barrena.
 
El auto señalaba que este jueves "se han producido en distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes una pluralidad de hechos delictivos: colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas..., que ha puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional". En este sentido, el juez explicaba que la jornada, "que se denominaba de 'huelga', sin justificación conocida", excepto "el fallecimiento de Igor Angulo y Roberto Saiz Olmos (personas relacionadas con ETA), no venía avalada por partido político legalmente constituido, y como tal, residente de un interés social constitucionalmente reconocido".
 
Otegi y Barrena llamaron a la "movilización"
 
El magistrado precisaba que la huelga fue anunciada por Otegi y Pernando Barrena los pasados días 5 y 7 de marzo, mientras que representantes de LAB se limitaron a apoyar el llamamiento público. La colocación de cuatro artefactos explosivos por parte de ETA, "independientemente de poder conformar un elemento" que prueba el desdoblamiento de frentes de ETA y la consolidación de Batasuna como frente político institucional, obliga al magistrado a tomar declaración a Otegi y los demás imputados citados para la próxima semana, para que aclaren su participación en la jornada que puede hacer que alguno de ellos sea considerado inductor.
 
El juez añadía que tras la diligencia de la próxima semana podrá ampliar el número de procesados que hay en la causa contra Batasuna, que ya suman 41, o la acusación que ya pesaba sobre alguno de los encausados, como el propio Otegi. Grande Marlaska justificaba su auto explicando que es el encargado de investigar la financiación de ETA, a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna, por la que el pasado 17 de enero suspendió de nuevo de actividades a la citada formación, porque a pesar de que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 seguía convocando actos públicos.
 
 

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