(Libertad Digital) El pasado miércoles, 16 de marzo, el consejo de administración de Caja Vital accedió a la concesión del aval al dirigente del sindicato LAB, considerado interlocutor por parte del entorno etarra en la negociación del Gobierno con la banda terrorista. Este domingo Díez Usabiaga advirtió al Gobierno de que la Audiencia Nacional estaba entorpeciendo lo que llamó proceso de paz. En concreto, en declaraciones al diario Gara, ha declarado que Zapatero "debe saber que la Audiencia Nacional es hoy, y puede serlo en otras coordenadas, un factor de enorme incidencia política".
El dirigente de LAB tramitó la solicitud del aval a la caja de ahorros de Vitoria varios días antes de su comparecencia ante el juez Grande Marlaska, previendo que éste le exigiría una fianza por su libertad. El plazo para hacerla efectiva ante el juzgado concluye el próximo jueves, cuando haya transcurrido una semana desde su comparecencia ante el juez. Pernando Barrena, también dirigente del entorno etarra, ha de hacer frente a una fianza de 200.000 euros para eludir la prisión provisional.
Los dirigentes socialistas han recurrido a unos supuestos criterios técnicos para justificar la decisión de otorgarle a Usabiaga el aval para la fianza. Como garantía del aval, Díez Usabiaga aportó las escrituras de la sede del sindicato LAB en Vitoria. Los socialistas consideran que con esta garantía, la caja de ahorros no se vería ante ningún riesgo. Juan Carlos Alonso, vicepresidente de Caja Vital, también ha alegado la presunción de inocencia del dirigente de LAB.
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska continúa citando a dirigentes batasunos, y el viernes ha vuelto a convocar en el juzgado a Arnaldo Otegi, que hasta el momento ha evitado comparecer ante el juez alegando motivos de salud. Marlaska ha llamado a declarar el próximo miércoles a Joseba Álvarez por los actos de la huelga del pasado 9 de marzo en el País Vasco y Navarra, convocada por la ilegalizada Batasuna.
La Comisión Ejecutiva de la Caja Vital ha hecho público un comunicado en el que asegura que la entidad analiza la concesión o no de avales con criterios "estrictamente técnicos y profesionales". Además, pidió "responsabilidad" a los agentes políticos y mediáticos, "en beneficio de la confidencialidad de sus clientes". También asegura que el socialista Juan Carlos Alonso defendió la operación y que a Díez Usabiaga le asiste la presunción de inocencia.
Tras asegurar que "lo publicado constituye un cúmulo de falsedades, inexactitudes y calumnias, que sólo buscan introducir elementos de confusión, inquietud y tensión", la Comisión Ejecutiva de la Vital recuerda que los órganos rectores de la Caja "se rigen en función de unos Estatutos y Reglamentos, en los que se garantiza con toda claridad el deber de confidencialidad en torno a todas aquellas operaciones que gestione la entidad, en defensa de sus clientes y clientas, y desde el máximo respeto a la profesionalidad de sus directivos y empleados".
