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Retiran los apoyos administrativos a Enrique Molina, fiscal del macrojuicio contra ETA

El Gobierno sigue empeñado en cumplir las exigencias de ETA en lo que respecta a la desactivación de la Justicia. A los traslados y a la neutralización de aquellos miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que más experiencia tenían en la lucha contra el terrorismo, se unen ahora las presiones y las trabas administrativas, buscando desactivar el Ministerio Público en un proceso que para ETA resulta crucial, porque afecta a su aparato de finanzas. El reciente caso es el del fiscal Enrique Molina, que ahora tendrá que asumir su trabajo sin ayuda administrativa.

El Gobierno sigue empeñado en cumplir las exigencias de ETA en lo que respecta a la desactivación de la Justicia. A los traslados y a la neutralización de aquellos miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que más experiencia tenían en la lucha contra el terrorismo, se unen ahora las presiones y las trabas administrativas, buscando desactivar el Ministerio Público en un proceso que para ETA resulta crucial, porque afecta a su aparato de finanzas. El reciente caso es el del fiscal Enrique Molina, que ahora tendrá que asumir su trabajo sin ayuda administrativa.
L D (Luis del Pino) El proyecto de neutralizar la acción de la Justicia contra ETA continúa adelante. Según ha podido saber Libertad Digital, al fiscal del macrojuicio contra ETA se le han retirado el agente judicial y el auxiliar que hasta ahora se encargaban de darle apoyo administrativo. Como consecuencia, el fiscal se ha visto obligado a asumir todas las tareas administrativas personalmente, con el consiguiente impacto en las tareas de acusación en un juicio de semejante complejidad. La medida se interpreta como un intento más de poner trabas a la labor del Ministerio Público en un proceso donde están encausados los presuntos responsables del aparato financiero de ETA.
 
El malestar en la Fiscalía de la Audiencia Nacional es cada vez mayor. A los fiscales que en los últimos años han llevado con gran profesionalidad los juicios contra miembros de ETA y que se han negado a plegarse a las directrices marcadas por el Fiscal General del Estado, se les está retirando de los temas de terrorismo para dedicarlos a algunos de los otros asuntos que son competencia de la Audiencia Nacional, como, por ejemplo, delitos monetarios. Paralelamente, varios de los fiscales considerados no demasiado “fieles” están siendo destinados a otros puestos fuera de la Audiencia, sustituyéndolos por personas de la confianza de Cándido Conde Pumpido y del fiscal jefe Zaragoza, traídas desde otras instancias.
 
La situación ha llegado a un punto límite, con instrucciones directas a algunos fiscales para que dulcifiquen las peticiones de pena contra los etarras. Este tipo de injerencia dio lugar recientemente a la renuncia de Jesús Alonso, fiscal encargado del caso contra Ignacio de Juana Chaos. Al mismo tiempo, aumentan las medidas de presión sobre otros fiscales, como es el caso del fiscal Enrique Molina, encargado del macroproceso contra el aparato financiero de ETA en el que se juzga a 56 imputados, pertenecientes a distintas organizaciones y empresas del entorno etarra.

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