INTERPELACION DEL DIPUTADO JAIME IGNACIO DEL BURGO SOBRE EL LLAMADO PROCESO DE PAZ Y NAVARRA
Congreso de los Diputados
Sesión plenaria de 29 de noviembre de 2006
Sr. Presidente
Señorías
Señor ministro
Ningún grupo terrorista ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines está legitimado para erigirse en representante del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular.
Acabo de dar lectura a la Resolución que este mismo Congreso de los Diputados aprobó por amplísima mayoría el 27 de junio de 2005.
Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje.
Este pronunciamiento forma parte de la Resolución aprobada por esta misma Cámara el 17 de mayo de 2005.
El 22 de marzo de este año, ETA declaró un alto el fuego permanente. Desde el primer momento, y lo ha reiterado una y otra vez desde entonces, ETA ha dejado bien claro que sólo se disolverá si se producen las siguientes circunstancias:
1ª. Los Estados español y francés deben reconocer la existencia de una nación a la que llaman Euskal Herria integrada por Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, en el lado español, y tres territorios vascos del sur de Francia. Con esto, dicen los terroristas, se resolverá el conflicto político secular que enfrenta al pueblo vasco con España y Francia.
2ª. Constitución de una mesa multilateral de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales de toda Euskal Herria para negociar un nuevo marco o estatus político que deberá reconocer el derecho de autodeterminación y la pertenencia de Navarra a Euskal Herria.
3ª. Sometimiento del acuerdo alcanzado a referéndum de todos los ciudadanos de Euskal Herria.
4ª. Aceptación sin reserva alguna por los Estados español y francés del contenido del acuerdo y del resultado de la decisión de la ciudadanía vasca.
5ª. Negociación bilateral ETA-Estados para la “desmilitarización” del conflicto que habrá de concluir con la excarcelación de lo que llaman “prisioneros políticos vascos”.
Asimismo, tanto ETA como Batasuna exigen al Gobierno para poner en marcha el proceso la aceptación de las siguientes cuestiones previas:
-El levantamiento de la ilegalización de Batasuna.
-La desactivación de la Justicia.
-El cese de toda acción policial de carácter represivo.
-La inclusión en el orden del día de la mesa de diálogo político del debate sobre la autodeterminación y el futuro de Navarra.
Dijo el presidente del Gobierno que ETA, “prácticamente”, había cesado en su actividad criminal. Pero no dijo la verdad. Desde la declaración de alto el fuego, ETA viene desarrollando una intensa actividad delictiva. En el País Vasco y Navarra se viven episodios cada vez más violentos de kale borroka. Se produjeron atentados como el de Barañáin, de cuya autoría nunca más se supo. Continúa la extorsión sobre los empresarios vascos y navarros. Para más inri, en vísperas del debate en el Parlamento de Estrasburgo ETA robo de más de trescientas armas de fuego en Francia.
A estas alturas, es inútil que el Gobierno intente hacer creer que el alto el fuego se produjo por decisión unilateral de la banda. La política de gestos dirigida a convencer a ETA de que podía confiar en el presidente del Gobierno ha fracasado. La única respuesta al cada vez mayor desarme jurídico y político del Estado dentro y fuera de España ha sido la intransigencia de la banda y la creciente altanería de Batasuna. Ni la legalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, ni el cese del fiscal Fungairiño, ni la presión sobre el poder judicial ejercida por el Fiscal General del Estado, ni su indigno apoyo al recurso ante el Tribunal Supremo de uno de los más sanguinarios etarras, ni la permisividad ante la actividad de Batasuna que se burla día tras día de las decisiones judiciales que ordenaron su ilegalización y disolución, ni la parálisis de nuestros agentes al ambos lados del Pirineo, ni la aceptación de la exigencia de internacionalización del conflicto al promover el pronunciamiento del Parlamento de Estrasburgo como si ETA hubiera dejado de ser un asunto interno español, todo ha sido inútil. Ni siquiera el último mensaje lanzado por el secretario general de los socialistas vascos sobre constitución de un Órgano Permanente entre la Comunidad Vasca y la Comunidad Foral como sucedáneo transitorio de la anexión de Navarra ha servido para nada entre otras cosas porque Batasuna lo considera prematuro.
Nunca la democracia española pagará precio político ni cederá ante el chantaje del terror. Pues ya lo ha hecho, Señorías. El presidente, en su declaración del zaguán del Congreso del pasado 29 de junio, aceptó abrir el proceso de negociación con ETA al tiempo que autorizaba la creación de una mesa de agentes del País Vasco para acordar un nuevo estatus. Se comprometió a respetar el derecho a decidir de los vascos. En suma, Señorías, el presidente está dispuesto a pagar precio político por la paz pues acepta vincular el cese de la violencia a la consecución del nuevo marco fruto de la voluntad del pueblo vasco. ¿Mas qué ocurriría si de la mesa salen propuestas que vulneran la Constitución? ¿Cómo pretende el presidente cumplir su compromiso de respetar la decisión de la ciudadanía vasca? He aquí nuevas preguntas sin respuesta.
El presidente, además, anunció que a finales de septiembre el ministro del Interior informaría sobre la marcha del proceso de negociación con ETA. Estamos en noviembre y todavía no lo ha hecho. En cambio, la opinión pública francesa sí ha podido enterarse, por boca del presidente del Gobierno, que “nosotros hemos cumplido nuestra parte del contrato. La pelota está en el campo de ETA”. Moncloa dice que el presidente nunca pronunció la palabra “contrato”. Es posible. Pero si el balón está en campo contrario es porque los dos equipos habían acordado ponerse la camiseta y salir al campo a jugar el partido.
Sr. Ministro, El Grupo Popular representa a casi diez millones de españoles. En su nombre le requiero para que suba a esta tribuna y deje bien claro que el Gobierno está dispuesto a respetar las resoluciones del Congreso de los Diputados y que, por tanto, no aceptará la constitución de ninguna mesa de diálogo para debatir con los apoderados de ETA o bajo la tutela de la banda terrorista ningún nuevo estatus para el País Vasco. Proclame que el Gobierno no tiene la menor intención de reconocer la existencia de la ensoñación euskalherríaca. Afirme que el Gobierno no consentirá la celebración en Navarra de ningún referéndum que no esté expresamente contemplado en la Constitución. Anuncie que el Gobierno no negociará con ETA otra cosa que su disolución incondicional y que ninguna medida de gracia será posible mientras no medie el arrepentimiento de los criminales y el resarcimiento del daño causado a sus víctimas. Declare que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado perseguirán a los terroristas allí donde se encuentren. Exprese el máximo respeto a la independencia de los jueces. Requiera a Batasuna a condenar de forma rotunda e inequívoca a ETA si quiere estar presente en las próximas elecciones forales y municipales y adviértale que no consentirá maniobras fraudulentas para violar la ley. Lance un mensaje de tranquilidad a la sociedad navarra, dejando bien claro que el Gobierno no permitirá que nadie suplante la voluntad de sus instituciones ni se negocie el futuro de Navarra en ninguna mesa o foro extraparlamentario.
Llevamos tres años sin víctimas mortales. Somos los primeros en reconocer que esto es bueno para todos. Pero el Estado democrático no puede rendirse ante el terror. Si se hacen concesiones políticas para alcanzar la paz, el terrorismo quedará legitimado como método de acción política y los crímenes de ETA habrán conseguido su objetivo.
Todavía están a tiempo. Enderecen el rumbo. Vuelvan a la senda de la Constitución. Escuchen el clamor de las víctimas. No se engañen a sí mismos ni engañen a la opinión pública con vídeos engañosos. Nosotros nunca cedimos ante ETA ni estuvimos dispuestos a permitir el menor avance político de los terroristas. Olvídense de intentar refundar una convivencia imposible con quienes se alimentan de odio y de revancha. Reaviven el espíritu del pacto por las libertades y frente al terrorismo. Si así lo hacen, encontrarán el respaldo leal y sin reserva alguna del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro.