L D (Europa Press) Así se recoge en los autos judiciales emitidos por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma por los que se decretó esta medida y el levantamiento de la misma y que este lunes fueron hechos públicos por el PP balear, después de que Rodríguez recibiera esta mañana notificación de estos hechos. En el texto, el juez asegura que la intervención de las comunicaciones telefónicas del consejero es una medida de investigación "proporcionada, idónea, estrictamente necesaria e insustituible" ya que existe "gravedad suficiente" para ello en base a los "indicios serios" de "delitos de encubrimiento o revelación de secretos".
Dichos indicios se corresponden, siempre según el auto, con el hecho de que el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, "fue avisado y por tanto conocía la acción judicial que se iba a desarrollar el 27 de noviembre y la esperaba, no sin antes haber destruido documentación (...) lo que se produce el día 26 de noviembre de 2006 tras una reunión mantenida el día anterior entre los señores Hidalgo y Rodríguez".
También hace referencia a la declaración de Hidalgo ante el juez Latorre en la que éste manifestó que fue "advertido" por Rodríguez de que "iba a haber lío", una expresión "poco precisa", continúa, "efectuada sin espontaneidad y mediante la cual es muy probable que se intentara ocultar el verdadero sentido de dicha conversación".
La Fiscalía solicitó pinchar el teléfono de Rodríguez el día 4, una decisión que el juez tomó al día siguiente para un periodo de dos meses prorrogables y que debía ser practicada por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). El levantamiento del pinchazo fue solicitado el día 12 y autorizado por Latorre el día 13. Según segundo auto, el Ministerio Fiscal pide que sea "dejada sin efecto la medida acordada al no interesar a aquél (al fiscal) su continuidad".
El PP pide explicaciones
El portavoz del PP en Baleares, Miquel Ramis, hizo este lunes por la tarde entrega de ambos autos a los periodistas y exigió "explicaciones a quien haya tomado la decisión de aplicar dicha medida", en este caso el juez Latorre a instancias del fiscal Juan Carrau, por el hecho de que un secretario regional, dijo, haya sido investigado durante nueve días "en base a indicios tan poco sólidos".
Ramis se preguntó "cómo es posible que se intervenga a un responsable político cuando no está demostrado que haya delinquido". Asimismo, planteó "qué circunstancias pueden ser las que lleven a suspender el pinchazo al cabo de nueve días si la petición dictaba un periodo de dos meses".
"Es un hecho sin antecedentes en la historia de la democracia. Desde el PP, queremos que nos expliquen los motivos de todas estas decisiones, ya que el auto de levantamiento de la intervención no da motivos. Después ya veremos si las explicaciones nos convencen", añadió.
Finalmente, el portavoz popular apuntó hacia un "aprovechamiento político" de la situación por parte de los partidos de la oposición. Según consideró, "el calendario de los hechos señala a que la oposición está tratando de sacar provecho político ya que hay gente que está colaborando". "Que José Blanco (secretario de organización del PSOE) diga que va a haber más altos cargos del Govern imputados y días después se sepa que el teléfono de Rodríguez ha estado intervenido, es por algo", agregó.
El Gobierno balear pide que la Fiscalía actúe de oficio
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno balear, Rosa Estarás, ha pedido al fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, que actúe de oficio contra los medios de comunicación que este lunes publican que el ejecutivo alertó de la detención al entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP). Estarás, en conferencia de prensa, pidió que la Fiscalía actúe de oficio por presuntos delitos de "calumnias" e "injurias" contra los medios de comunicación, pues aseveró que lo publicado es "rotundamente falso". La vicepresidenta pidió la actuación del fiscal en función de los artículos 205 y 215.1 del Código Penal.