L D (Europa Press) En declaraciones a Europa Press, el letrado Marino Alvarado confirmó que el caso de los etarras no está cerrado "ni mucho menos", ya que actualmente está esperando a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le remita el documento en el que el Gobierno de Hugo Chávez desautoriza el contrato amistoso.
Así pues, explicó que, una vez que lo reciba y confirme la anulación por parte del Ejecutivo venezolano, elevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que remarcó que la Comisión avaló el convenio y, por ello, tiene que hacerse efectivo y ningún gobierno "puede anularlo".
Alvarado calculó que en el plazo de un año la Corte emitirá alguna sentencia, que "con bastante seguridad" será a favor de Etxaniz Alcorta y Galarza Mendiola, y señaló que, incluso, las indemnizaciones podrían ser superiores a las acordadas en un primer momento, que ascendían a un total de 325.000 euros.
El abogado de los etarras justificó su seguridad en una sentencia favorable porque "hay experiencias anteriores de otros casos" en los que el alto Tribunal interamericano falló a favor de los contratos amistosos suscritos por los gobiernos, que después, según explicó, se vieron obligados a cumplirlos.