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La Asociación Profesional de la Magistratura considera un "precedente preocupante" el segundo grado concedido a De Juana

"Un precedente cuyas consecuencias pueden ser verdaderamente preocupantes para el futuro". Así considera el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, la medida de gracia concedida al etarra De Juana. También señaló Antonio García que "había otras decisiones posibles, tan legales como la que se ha tomado".

"Un precedente cuyas consecuencias pueden ser verdaderamente preocupantes para el futuro". Así considera el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, la medida de gracia concedida al etarra De Juana. También señaló Antonio García que "había otras decisiones posibles, tan legales como la que se ha tomado".

LD (Europa Press) El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Antonio García, consideró este sábado la decisión de otorgar el segundo grado penitenciario al etarra Ignacio de Juana Chaos como "un precedente cuyas consecuencias pueden ser verdaderamente preocupantes en el futuro".

García señaló que la Administración Penitenciaria "ha tenido una decisión complicada", en la que, según destacó, se han tenido en cuenta "factores no sólo jurídicos, sino también morales y políticos". No obstante, apuntó que "había otras decisiones posibles tan legales como la que se ha tomado".

Influencia de la huelga de hambre

El magistrado lamentó que el traslado de De Juana al Hospital Donostia de San Sebastián suponga una mejora en su situación penitenciaria que "no habría tenido si no se hubiera visto intoxicada por una huelga de hambre voluntaria".

Antonio García no quiso valorar si las decisiones de los organismos judiciales han estado influidas por el Poder Ejecutivo, pero señaló que el pronunciamiento inicial de la Audiencia Nacional confirmando la pena de 12 años al etarra por amenazas terroristas, "fue regateada" por el Tribunal Supremo y la Administración Penitenciaria "para conceder una situación que no habría tenido de seguir en prisión ordinaria".

El presidente de la APM consideró "difícil" que se pueda retornar al penado al régimen ordinario cuando mejore su situación de salud y apuntó que ahora a los ciudadanos "les corresponderá dirimir con su ejercicio crítico si la decisión tomada ha sido la mejor o la peor".

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