En Guatemala la autoridad judicial del país ha iniciado la toma de declaración a los directivos de Intervida en cumplimiento de una rogatoria internacional solicitada por la Fiscalía española. Estas dos comisiones son el resultado de más de cuatro años de investigaciones por parte del Ministerio Público, durante el que la Fiscalía ha acumulado documentación fiscal, financiera y contable de la fundación.
La junta directiva de Intervida en España ha prestado también declaración como imputada ante la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que las actividades económicas en países como Perú y Guatemala estaban directamente relacionadas con los programas de apadrinamiento de niños.
Según la información difundida por la cadena Ser, los datos que obran en poder de la Fiscalía indican que durante los ejercicios de 1999 a 2001 se habrían camuflado bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento", más de 60 millones de dólares que, según sospechas de los investigadores, habrían sido transmitidos a sociedades como Asociación Solaris Perú, Edpyme Raíz, El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Genéricos Farma-ahorro o Enriquecimientos Lácteos, cuyos directivos serían a la vez de Intervida.
"Según la normativa que en España rige el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una fundación benéfica como Intervida pueda constituir empresas", siempre y cuando registre su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte de la autoridad competente.
La Fundación Intervida es una organización humanitaria española con cerca de 400.000 socios que obtiene la mayor parte de sus recursos económicos a través de los apadrinamientos, una actividad que el pasado año le reportó un volumen de ingresos de unos 88 millones de euros. La ONG trabaja actualmente en diez países subdesarrollados, entre ellos Guatemala, Ecuador, Bolivia, Mali, India y Filipinas, donde lleva a cabo proyectos de ayuda al desarrollo centrados principalmente en las mujeres, la población infantil y los grupos indígenas.
Bajo el epígrafe de "Las cuentas claras", la organización, que tiene su sede central en Barcelona, señala en su página web que el pasado año gestionó un total de 88,12 millones de euros, la práctica totalidad de ellos provenientes de las cuotas de los afiliados (99,3) y una ínfima proporción (0,7 por ciento) de "otros ingresos" sin concretar. La mayor parte de estos recursos, asegura la entidad, se destinaron a proyectos de ayuda en el tercer mundo, en concreto 79,2 millones de euros, el 90 por ciento del total, mientras que tan sólo el 10 por ciento, unos 8,8 millones, se gastaron en partidas como publicidad, sensibilización o administración.
Postulada como una organización "aconfesional, apartidista y totalmente independiente", Intervida hace especial incidencia, de cara a sus socios y de la ciudadanía en general, en la transparencia de sus cuentas, y para garantizarlo, señala, se somete "voluntariamente" a inspecciones y auditorias anuales. Así, la firma MAZARS es la encargada de revisar anualmente las cuentas de Intervida tanto en España como en el resto de países en los que trabaja, mientras que una División de Auditoría Interna controla "el buen funcionamiento y uso de los recursos en todo el mundo".
Otra financiación
Además de los apadrinamientos, la organización obtiene recursos provenientes de donativos puntuales de la ciudadanía, del dinero recaudado por su "hucha solidaria" y de las aportaciones de empresas que desean colaborar con la entidad mediante diversas iniciativas, como las donaciones, los apadrinamientos o la compra de artículos solidarios.
La Fundación cuenta con un patronato presidido por Guillermo Mejía y un consejo rector formado por directivos de importantes empresas españolas, como Albert Pèlach, director general del Grupo Enciclopedia Catalana; Josep Lluís Bonet, presidente de Freixenet, o Herman Zurlohe, ex presidente de Unilever España.