Sin embargo, Conthe se ha inventado una alternativa "ad hoc" consistente en renunciar siempre y cuando se produzcan ciertas condiciones "que dependen de terceros" e imponen al Congreso la obligación de convocarle para explicar los motivos de su dimisión, un procedimiento que "él se ha inventado".
"El Gobierno no tiene problemas en que vaya o deje de ir al Parlamento", aseveró Solbes, que añadió que el Congreso convoca anualmente al presidente de la CNMV para que informe de la memoria anual del organismo supervisor. Solbes señaló que esta situación es lo que le causa "perplejidad" y ha llevado al Ejecutivo a perder la confianza en Conthe, al que instó a respetar las normas y los procedimientos y del que dijo que actualmente no saben "si ha renunciado o si se queda".
Respecto al comunicado firmado por la mayoría del Consejo de la CNMV y en el que se aseguraba que Conthe está perjudicando al organismo con su actitud, Solbes señaló que, en su opinión, esa nota tiene más valor moral que jurídico por lo que no puede ser utilizada por el Gobierno para destituirle. En estos momentos no hay elementos para aplicar la normativa que permite al Gobierno destituir al presidente del supervisor bursátil, añadió Solbes.
El titular de Economía explicó que el Ejecutivo cuenta con dos opciones cuando tenga que pronunciarse sobre los derechos políticos de Enel en Endesa: aplicar la legislación española, con lo que "seremos criticados por la CE", o ceñirse a la normativa comunitaria. "No sé cual aplicaremos", dijo. Solbes indicó que, de acuerdo con las leyes europeas, "no hace falta" que el Gobierno se pronuncie sobre los derechos políticos de Enel, aunque reconoció que, hasta ahora, sí lo ha hecho previo informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
El ministro de Economía recordó que, según las leyes europeas, "la propiedad de la empresas, que sean públicas o privadas, no influye para nada" excepto si existen ayudas estatales. "Si queremos ser comunitarios, deberíamos decir que nos parece coherente que una empresa europea, aunque sea pública, pueda comprar una empresa española", recalcó. Sobre la decisión de Bruselas de llevar a España ante el Tribunal de Luxemburgo por las condiciones impuestas a la OPA de E.ON, Solbes reiteró que, a juicio del Gobierno, la normativa europea permite a los países miembros introducir algunas restricciones para garantizar el suministro energético.
El titular de Economía reconoció que la normativa española plantea "algunas dificultades" cuando una empresa quiere lanzar una OPA sobre el cien por cien del capital, pero supedita su éxito a superar el 50 por ciento.
Según Solbes, el problema consiste en que el autor de la OPA no puede comprar acciones durante la tramitación de la oferta, pero sí pueden hacerlo otras empresas con el límite del 24,9 por ciento, que se convertirá en breve en el 29,9 por ciento. De esta forma, añadió, si dos empresas compran un 24,9 por ciento cada una, el autor de la OPA tiene "prácticamente imposible" superar el 50 por ciento.
Solbes dijo que la pugna por Endesa "se ha politizado mucho" y recalcó que España es "posiblemente después del Reino Unido" el país comunitario con el mercado energético más abierto. A pesar de este hecho, señaló, España "aparece como un país tremendamente protector, cosa que no responde a la realidad".