L D (EFE) El juzgado contencioso-administrativo número 1 de la capital tinerfeña trasladó al alto tribunal a primeros del pasado mes de mayo la decisión de la Junta Electoral de Canarias de anular la lista del PP en Garachico, que formaban 16 mujeres, por entender que vulnera la Ley de Igualdad.
La iniciativa del magistrado de dicho juzgado fue consecuencia de otro recurso, el que el PP canario, a raíz de la resolución de la Junta Electoral de las islas, interpuso ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
El PP, pero también el magistrado del juzgado de Tenerife Jaime Guillarte que firma el recurso ante el TC, pidió al alto tribunal que resolviera la cuestión de posible inconstitucionalidad a lo largo del mes de mayo, de modo que la lista popular de Garachico pudiera concurrir en las elecciones del 27-M.
Así, a mediados de ese mes, este partido registró en el Tribunal Constitucional una petición para que la solución tuviera lugar antes de la jornada electoral. Una vez admitido a trámite el recurso del juzgado de Tenerife, el TC ha abierto el correspondiente plazo de quince días para que el Gobierno, el Congreso y el Senado puedan personarse en el proceso y formular las consiguientes alegaciones.
La iniciativa del magistrado de dicho juzgado fue consecuencia de otro recurso, el que el PP canario, a raíz de la resolución de la Junta Electoral de las islas, interpuso ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
El PP, pero también el magistrado del juzgado de Tenerife Jaime Guillarte que firma el recurso ante el TC, pidió al alto tribunal que resolviera la cuestión de posible inconstitucionalidad a lo largo del mes de mayo, de modo que la lista popular de Garachico pudiera concurrir en las elecciones del 27-M.
Así, a mediados de ese mes, este partido registró en el Tribunal Constitucional una petición para que la solución tuviera lugar antes de la jornada electoral. Una vez admitido a trámite el recurso del juzgado de Tenerife, el TC ha abierto el correspondiente plazo de quince días para que el Gobierno, el Congreso y el Senado puedan personarse en el proceso y formular las consiguientes alegaciones.