LD (Agencias) El pasado día 5 de octubre trascendía la noticia de la detención de los cinco hijos y la viuda de Pinochet acusados de supuesta malversación de fondos públicos. Los familiares tuvieron que pasar dos noche en las prisiones de Santiago I y en el Centro de Orientación Femenino de San Joaquín; salvo la madre, Lucía Hiriart que se encontraba internada –en calidad de detenida– en el Hospital Militar de la capital chilena afectada de una descompensación sanguínea a raíz del conocimiento de las detenciones.
El juez Carlos Cerda encargado de investigar las cuentas del desparecido dictador chileno fue quien tramitó la orden de arresto contra su familia y cuatro colaboradores civiles, además de trece militares (tres generales retirados) que pertenecían al entorno.
En su resolución de hoy, la V Sala de la Corte de Apelaciones acogió trece de los quince recursos de amparo presentados contra los procesamientos dictados por juez Cerda, que afectaron a seis familiares y 17 colaboradores de Pinochet.
El principal fundamento del fallo para anular los procesamientos es que el juez, al tomar la declaración indagatoria a los imputados, no les preguntó específicamente por los fondos reservados, los caudales públicos ni sobre el manejo de los mismos.
Augusto Pinochet Hiriart, el hijo mayor del fallecido dictador, no recurrió de amparo, sino que apeló su procesamiento, por lo que sigue procesado y no fue incluido en la resolución de hoy, lo mismo que algunos de los colaboradores.
No obstante, el tribunal anuló, de oficio, el procesamiento de dos colaboradores que tampoco recurrieron de amparo: Patricio Madariaga y el coronel retirado Mortimer Jofré.
Los colaboradores favorecidos por la Corte de Apelaciones son el abogado Ambrosio Rodríguez; el ex albacea de Pinochet Óscar Aitken; los generales retirados Sergio Moreno, Guillermo Letelier, Guillermo Garín y Juan Romero, así como José Sobarzo y el ex brigadier Jaime Lepe.
El tribunal rechazó los amparos del abogado Gustavo Collao y del coronel retirado Eduardo Castillo Cádiz.
Alfonso Insunza, representante de la acusación particular en el caso, anunció que apelará la resolución, por lo que la situación será resuelta en definitiva por la Corte Suprema.
Se espera que también el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es querellante en el caso, apele la resolución.