L D (EFE) Antes de comparecer en los juzgados, Barrientos ha firmado un escrito dirigido al Pleno en el que presenta su dimisión irrevocable y pide que se respete su presunción de inocencia, que sus abogados presentarán mañana en el Registro Municipal.
Tanto a Barrientos como a su jefe de gabinete, José Flores, y el concejal del Partido Estepona (PES) y ex gilista Manuel Reina la juez les ha imputado los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo y, en el caso de Reina, también se le acusa de fraude, han informado fuentes judiciales.
La juez ha concluido este viernes la ronda de declaraciones de los 26 detenidos con estas comparecencias y con las del abogado y destacado militante del PSOE Juan Simón y el edil de Economía y Hacienda, portavoz municipal socialista y ex senador, Francisco Zamorano, que han quedado en libertad provisional bajo fianza de 300.000 y 50.000 euros, respectivamente.
Al primero de ellos la juez Isabel Conejo le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que a Zamorano le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, según las mismas fuentes.
De los 26 detenidos, cinco ya han ingresado en prisión, dieciocho han quedado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros y tres en libertad con cargos y sin fianza.
También este viernes se ha sabido que diez de los arrestados ya han abonado fianzas que suman un total de 1,61 millones de euros, según han informado a Efe fuentes judiciales. Otros ocho acusados permanecen en situación de libertad provisional con fianza pero todavía no la han abonado, ya que para seis de ellos se decretó este jueves y para los otros dos este viernes y en todos los casos tienen 72 horas para hacerlas efectivas.
Tanto a Barrientos como a su jefe de gabinete, José Flores, y el concejal del Partido Estepona (PES) y ex gilista Manuel Reina la juez les ha imputado los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo y, en el caso de Reina, también se le acusa de fraude, han informado fuentes judiciales.
La juez ha concluido este viernes la ronda de declaraciones de los 26 detenidos con estas comparecencias y con las del abogado y destacado militante del PSOE Juan Simón y el edil de Economía y Hacienda, portavoz municipal socialista y ex senador, Francisco Zamorano, que han quedado en libertad provisional bajo fianza de 300.000 y 50.000 euros, respectivamente.
Al primero de ellos la juez Isabel Conejo le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que a Zamorano le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, según las mismas fuentes.
De los 26 detenidos, cinco ya han ingresado en prisión, dieciocho han quedado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros y tres en libertad con cargos y sin fianza.
También este viernes se ha sabido que diez de los arrestados ya han abonado fianzas que suman un total de 1,61 millones de euros, según han informado a Efe fuentes judiciales. Otros ocho acusados permanecen en situación de libertad provisional con fianza pero todavía no la han abonado, ya que para seis de ellos se decretó este jueves y para los otros dos este viernes y en todos los casos tienen 72 horas para hacerlas efectivas.
La Junta dice que su comportamiento "ha sido el correcto"
El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha dicho en Jaén que el comportamiento de la Junta de Andalucía en este caso "ha sido el correcto" y que ahora hará "toda la fuerza para que se aplique hasta el final, y caiga quien caiga, el peso de la ley".
Por su parte una de las detenidas, la concejal de Educación Mariví López (PSOE), ha asegurado que la operación "Astapa" contra la corrupción urbanística es "una trama política" y que si hubiera observado indicios de ilegalidad "habría salido corriendo".
El PSOE de Málaga ha asegurado que no existían denuncias sobre la gestión en el Ayuntamiento que probaran que se había cometido algún tipo de irregularidad, tal y como ahora se investiga en la "Operación Astapa".