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El director ejecutivo para América de HRW denuncia malos tratos en su expulsión de Venezuela

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de Human Rights Watch (HRW), ha denunciado que sufrió malos tratos al ser expulsado de Venezuela después de que la organización hiciera publico un informe muy crítico con el régimen de Hugo Chávez. El responsable de nacionalidad chilena indicó que los agentes venezolanos le impidieron telefonear a la embajada de su país, rompieron el teléfono móvil de su compañero y le metieron a la fuerza en vehículos blindados.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de Human Rights Watch (HRW), ha denunciado que sufrió malos tratos al ser expulsado de Venezuela después de que la organización hiciera publico un informe muy crítico con el régimen de Hugo Chávez. El responsable de nacionalidad chilena indicó que los agentes venezolanos le impidieron telefonear a la embajada de su país, rompieron el teléfono móvil de su compañero y le metieron a la fuerza en vehículos blindados.
LD (EFE) En una entrevista concedida a la revista brasileña Veja, el director ejecutivo para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, reveló que sufrió malos tratos al ser expulsado de Venezuela.
 
Vivanco y el subdirector de la misma organización internacional no gubernamental, fueron expulsados por órdenes del presidente Hugo Chávez el pasado 18 de septiembre, después de presentar un informe en el que critican el deterioro en el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
 
El directivo chileno explicó detalles de su expulsión, como que le impidieron telefonear a la embajada de su país, que rompieron el teléfono móvil de su compañero y que los metieron por la fuerza en los vehículos blindados en los que fueron transportados hasta el aeropuerto de Caracas.
 
Por su parte, la Comisión Internacional de Juristas rechazó la expulsión de los dos delegados de HRW por constituir un ataque a la libertad de expresión. En un comunicado expresa que "esta medida constituye un ataque contra la libertad de expresión y la legítima actividad de defensa de los derechos humanos".
 
La comisión manifiesta que "resulta prácticamente inverosímil que la presentación de un informe detallado y con críticas constructivas para mejorar la protección de los derechos humanos en Venezuela pueda considerarse una interferencia en los asuntos internos del país".

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