(Libertad Digital) La trágica muerte de la niña derivó en una polémica sobre la dramática acumulación de casos en los juzgados de toda España, tanto en el caso de los juzgados penales encargados de ejecutar sus propias resoluciones como los especializados, dedicados a llevar a cabo lo establecido en las sentencias. Según La Razón, el informe del CGPJ concretó en 270.000 las sentencias penales que esperaban su ejecución, de las que algo más de 80.000 correspondían a los Juzgados Especializados en Ejecutorias.
Las cifras provocaron que el propio Consejo acentuase el control sobre los juzgados en lo referido a la ejecución de esas resoluciones y, por otra parte, que las propias sedes judiciales hayan puesto una mayor diligencia en esto, según La Razón.
Pero seis meses después, las medidas no han dado todavía los resultados esperados. Según el diario y utilizando fuentes del propio Consejo, durante el segundo trimestre del año sólo ha habido un leve descenso en las sentencias pendientes de ejecutar en los Juzgados Especializados, radicados sólo en Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.
Las cifras hablan: cuando estalló el caso Mari Luz, los juzgados acumulaban un total de 80.125 sentencias a la espera del cumplimiento de la misma. En los tres meses sucesivos la cifra sólo ha descendido en número de mil. La tendencia, pese a ser positiva (dado que se ejecuta "lo de cada día" además de cierta disminución de la pendencia), se complementa con datos como los arrojados por el Juzgado Especializado de Baleares, donde se ha incrementado en varios centenares las sentencias sin ejecutar.
No obstante, los cuatro juzgados de este tipo en Cataluña sí han logrado reducir una media de 400 ejecutorias cada una de ellas. Los cuatro de Madrid también han rebajado durante esos tres meses las ejecutorias pendientes, según La Razón, aunque con unos inferiores 100 veredictos menos. La Comunidad Valenciana, contres juzgados especializados, lo hace con 200.
Sobre las causas de estos descensos leves, las fuentes consultadas por La Razón en el Consejo aseguraron que se debía a "un mayor control de la Inspección y al seguimiento que está realizando de esos juzgados".