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Erdogan y su partido son acusados por el constitucional de atacar la laicidad del Estado

Las reforma pro europeas impulsadas por el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han sido argumento suficiente para que el Tribunal Constitucional no haya decretado la ilegalización del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en julio pasado.

Las reforma pro europeas impulsadas por el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han sido argumento suficiente para que el Tribunal Constitucional no haya decretado la ilegalización del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en julio pasado.
LD (Agencias) Sin embargo, en su argumentación final, el tribunal asegura que los dirigentes del AKP cometieron "serios" ataques contra el laicismo del Estado, sobre todo en lo que se refiere a la reforma para garantizar el libre uso del velo en las universidades públicas. Además, señala que el partido de Erdogan se han convertido en "un foco de actividades antiseculares debido a su interés por cambiar algunos artículos de la Constitución".

El Tribunal Constitucional de Turquía ha considerado que las reformas pro europeas que ha venido impulsando el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, han salvado de la ilegalización al gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).
 
En su argumentación el Tribunal dice que la mayoría de los magistrados considera que los dirigentes del AKP cometieron "serios ataques" contra el laicismo, sobre todo respecto a la reforma para garantizar el libre uso del velo en las universidades públicas. La instancia juzgó que ese punto "contrario a los principios inmutables de la Constitución", establecidos en los tres primeros artículos de la Carta Magna y sobre los que "queda prohibido hacer enmiendas e incluso proponerlas".
 
Especialmente duro es el texto del Tribunal Constitucional sobre Erdogan, al que acusa de "estar implicado en actividades contrarias al laicismo". Los magistrados reconocen que el partido que dirige Turquía desde 2002 "han usado los poderes del Gobierno para acercar al país a las normas democráticas occidentales modernas", haciéndose eco del programa de reformas dentro del proceso de adhesión del país euroasiático a la Unión Europea.
 
En marzo la Fiscalía del Estado pidió ilegalizar al AKP e inhabilitar políticamente a setenta de sus dirigentes y al presidente de la república, Abdullah Gül, por haberse convertido en "un foco de actividades contra el laicismo" turco.
 
Pero en julio, los magistrados constitucionales fallaron en contra de la demanda en una ajustada votación en la que seis jueces exigieron la ilegalización , cuatro la retirada de fondos públicos y uno la absolución, algo insuficiente para conseguir la mayoría cualificada de siete votos a favor necesarios para la ilegalización. Por ello, en una salomónica decisión, el alto tribunal turco aprobó reducir a la mitad las subvenciones estatales y enviar un aviso al partido gubernamental.

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