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Tener armas es aquí un derecho

Figuras geniales de la historia como James Madison o Alexander Hamilton, dos de los nombres de una ejemplar generación de padres fundadores de la democracia liberal estadounidense a fines del siglo XVIII, introdujeron en los documentos fundacionales de la nueva nación el derecho a poseer y portar armas. Alegaron entonces, con enorme visión de futuro, que el Estado que se apropia de la seguridad de sus ciudadanos es susceptible de corromperse y volverse contra los mismos ciudadanos. Por eso, juzgaron necesario que todo individuo pueda estar siempre en condiciones de enfrentarse al Estado si éste viola sus derechos. Esa defensa pasa por el derecho a portar armas, aspecto clave consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que dice textualmente: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho de las personas a poseer y portar armas".

Repárese en que los totalitarismos en otras naciones, desde los absolutismos decimonónicos más rancios a los posteriores fascismos y estalinismos del siglo XX, buscaron siempre negar el derecho de los ciudadanos a portar armas imponiendo duros controles en cuanto a la posesión de armas. Muchos países les han negado tal derecho a sus ciudadanos viendo esta práctica norteamericana como algo primitivo. Desde hace décadas, la izquierda "socialdemócrata" en Estados Unidos sigue intentando a toda costa poner todo tipo de restricciones a ese inalienable derecho constitucional estadounidense. En su habitual intento de reescribir la Constitución, o de verla como una carta de "derechos negativos" –en palabras de Barack Obama–, la izquierda ha venido buscando fórmulas para acabar con ese derecho y para poner trabas y restricciones. Su argumento –más emocional que racional, como casi todos los de la izquierda– es que el acceso libre a las armas genera más violencia y crimen en la sociedad. Los datos prueban documental y empíricamente en varios estudios que permitir a los adultos llevar armas escondidas reduce significativamente la tasa de delincuencia.

Descontentos con el derecho constitucional recogido en esa Segunda Enmienda, algunas ciudades en Estados Unidos alegaron tener potestad para prohibir ese derecho. Sin necesidad de detallar todo el marco judicial previo, en 1976 se dio una de las leyes más estrictas y polémicas del país sobre este asunto: el Distrito de Columbia en el que se ubica la capital, Washington, prohibió la posesión de armas de bajo calibre. Afortunadamente, en junio de 2008, el Tribunal Supremo declaró como inconstitucional aquella ley jurisdiccional aclarando que el derecho individual a poseer armas se extendía también al Distrito de Columbia (DC v. Heller). Se trataba de uno de los pronunciamientos claves de la máxima corte en los últimos tiempos respecto a la Segunda Enmienda.

En 1982, la progre ciudad de Chicago estableció una ordenanza, en vigor desde entonces, que impide la adquisición de armas de fuego en la ciudad. Otis McDonald, un ciudadano jubilado de Chicago, harto de la alta criminalidad en su barrio y en su ciudad, demandó recientemente a la ciudad exigiendo su derecho constitucional como individuo a poder poseer armas para defenderse en caso necesario. Esta misma semana su caso (McDonald v. Chicago) han llegado, tras otras instancias judiciales anteriores, al mismo Tribunal Supremo abriendo así la puerta a una importante decisión para determinar si el derecho de los ciudadanos a poseer y llevar armas vincula sólo al Gobierno federal o es aplicable también a los estados y municipios. El fallo resultante será histórico porque los jueces que integran el Tribunal Supremo tendrán que decidir sobre si reforzar o no el derecho fundamental a la posesión de armas, entendiendo –claro está– las limitaciones necesarias y vigentes que prohíben a enfermos mentales y ex convictos su posesión. El distrito capitalino tiene un estatus especial y la decisión judicial no trascendió a otras ciudades norteamericanas, pero el fallo que se derive de este caso sobre Chicago y que se dictará en junio tendrá importantes implicaciones nacionales.

El proceso no ha hecho más que empezar su curso oral en un intercambio legal inicial de apasionante calado que abre el camino para un debate jurídico sobre decisiones precedentes y otras cláusulas de privilegios e impunidad, así como la ligazón con la Decimocuarta Enmienda en busca de una teoría legal para enmarcar y fijar la cuestión. El derecho a portar armas fue pieza clave en el edificio político estadounidense construido por los padres fundadores y en su conexión con lo que significaba la libertad. Si, como parece lo apropiado, el Tribunal Supremo da la razón a Otis McDonald, estaremos ante otro triunfo más de la Constitución. Si no lo hace, se abrirá un problema pues varios grupos pedirán a sus ciudades y estados la prohibición de este derecho. Las miras están puestas en la nueva magistrada, Sonia Sotomayor, nombrada por Obama y que ahora debe mostrar si realmente está a favor de respetar de verdad la letra de la Constitución.

Lo que no deja de destilar hipocresía es que precisamente quienes más atacan y más reparos ponen a este derecho constitucional norteamericano de poseer armas alegando las "posibles víctimas" por armas de fuego suelen ser, paradójicamente, los mismos que luego enmudecen y aun apoyan la vergüenza de los 4.000 bebés inocentes asesinados cada año en Estados Unidos bajo el eufemismo de un supuesto y errado "derecho al aborto".

Alberto Acereda es catedrático universitario en Estados Unidos y miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española.

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