La ministra de educación, Pilar del Castillo, ha dado a conocer a los partidos políticos, Comunidades Autónomas y asociaciones educativas el borrador de los dos Reales Decretos que proyecta llevar al Boletín Oficial del Estado antes de Navidad. Estos decretos establecerán los programas de las diferentes asignaturas que, de acuerdo con la LOGSE, se estudian en la ESO y en el Bachillerato.
Tras las primeras conversaciones, los socialistas parecen estar dispuestos a aceptar las correcciones de sus programas siempre y cuando se les asegure que se respetará la libertad ya adquirida por las Comunidades Autónomas y que esta reforma irá acompañada del dinero que, ellos dicen, es necesario para ponerla en marcha. A ojos ingenuos podrían estas condiciones parecer lícitas y razonables, pero cuando se conoce el asunto de cerca, resultan claramente preocupantes.
El sistema educativo que tenemos no es un error. Es precisamente el modelo planeado y deseado por los socialistas y que, tras su triunfo en las elecciones del 82, convirtieron en ley.
El sueño del PSOE, desde que a principios de siglo un militante socialista, Núñez de Arenas, fundara un pequeño centro destinado a la formación de los trabajadores, que llamó Escuela Nueva, era lograr una “escuela unificada”. Esto se traduce en una formación continua desde la maternal a la Universidad, absolutamente obligatoria y gratuita, con idénticos planes de estudios para todos los ciudadanos y el mismo personal docente.
Quizás entre los elaboradores de la LOGSE quedara algún nostálgico que vio
en la Comprehensive School británica el modelo moderno que mejor podía adaptarse a sus deseos igualitarios. Quizás ninguno de ellos recordara ya a Núñez de Arenas; pero, fuera como fuese, lo que nunca aceptarán es que su ley tuviera algún error. Se sienten tan obcecadamente cargados de razón que tildan de elitista y reaccionario a todo aquel que protesta por la levedad de los programas, la falta de preparación del profesorado, la indisciplina creciente o la falta de estímulo intelectual para los alumnos más aventajados.
Si la más cruda realidad les coloca ante situaciones claramente bochornosas salen al paso diciendo que su ley es perfecta, y que lo que está fallando es la “implementación”. Añaden que el PP es responsable de esta deficiencia porque, encargado de poner en práctica la LOGSE, ha escatimado la ayuda económica del Estado. Por eso, ante cualquier revisión que quiera hacerse, aunque ésta no implique gasto alguno, pondrá el PSOE como condición un incremento en la financiación educativa.
En la primera legislatura, el más leve intento de Esperanza Aguirre por tocar el producto del gran parto socialista fue irracionalmente boicoteado. Ahora, desposeído el Ministerio de Educación de casi todas sus competencias, los socialistas han puesto sus ojos en las Comunidades Autónomas. Su estrategia política se encamina a ocupar en ellas puestos de responsabilidad educativa, pues saben muy bien que serán sus administraciones las encargadas de dirigir, desde ahora, el funcionamiento de la enseñanza en España.
Entre las atribuciones que restan al Ministerio de Educación figura la de fijar más de la mitad del contenido de los programas de las distintas asignaturas. Deberá Pilar del Castillo calibrar el precio que se puede pagar para consensuar sus dos Reales Decretos, pero, con consenso o sin él, es imprescindible que, con la mayor urgencia posible, sean publicados en el Boletín Oficial del Estado.
El precio que la ministra no debería pagar, en ningún caso, es el inmovilismo político. Esta revisión de programas tendría que ir seguida de un plan de evaluación, de la institucionalización de un sistema que asegure que nuestros niños aprenden a leer, a escribir, y a utilizar las cuatro reglas y que nuestros adolescentes y jóvenes adquieren los conocimientos necesarios para ser ciudadanos independientes, críticos y responsables. De nada vale un programa si no se cumple y difícil será que se cumpla sino se exige.
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