Los resultados electorales del 22-M nos han arrojado a una cruda realidad: ¿crisis económica o crisis de Estado? Las dos cosas, aunque la primera es un paréntesis entre opulencias y tiene solución, mientras que la segunda puede acabar con un desmoronamiento del orden constitucional actual y quién sabe si con amputaciones territoriales. Este temor ya no es una hipótesis: Bildu y PNV, ERC y CiU sacan rentabilidad electoral de su postura insurreccional contra el orden constitucional de España.
Sólo un partido nacional sin complejos ni dependencias podría evitar esa deriva, pero tal partido no ha existido, o si existía no ha triunfado en estas elecciones. A priori, esa labor podría ser desempeñada únicamente por tres formaciones políticas: PSOE, PP y UPyD. Ninguna de las tres, vistos los resultados y por razones distintas, está en condiciones, hoy por hoy, de evitarla, o en su defecto, de desempeñarla.
Veamos: el PSOE actual es irrecuperable para tales menesteres; se ha encamado tanto con los nacionalistas que ha hecho de tales pactos la única vía de acceso al poder, y ha disculpado tanto su ideología soberanista que ha acabado por formar parte genuina de su ser. El contraste con históricos como Joaquín Leguina nos señala la profundidad de la intoxicación.
No presenta mejor currículo el PP. Su prioridad es gobernar. España y el bienestar de los españoles sólo son medios, no fines; gobernar es su auténtico fin. Ni con mayoría absoluta se atrevería a devolver la educación al Estado por no molestar a CiU, o a plantear la reforma electoral. Inútil esperar altruismo nacional de un partido que cuantas veces tuvo ocasión cambió soberanía por moqueta.
El tercer partido con capacidad y voluntad para frenar el desmoronamiento de la nación española es UPyD. Sin embargo, de las 13 comunidades que elegían gobierno autónomo, sólo en Madrid obtuvo representación. Su triunfo rotundo en Madrid resalta el fracaso, por contraste, con el resto de España. UPyD nació para ser un partido nacional, no para regionalizar su fuerza en una comunidad. Tal limitación sería repetir la impotencia de C’s, que nació para romper el bipartidismo en España y ha acabado enquistándose en Cataluña. Es condición indispensable para llegar a ser partido nacional alcanzar representación en el Congreso de los Diputados y en cada uno de los parlamentos regionales, sobre todo en aquellos donde hoy se está cuestionando a la misma España; o sea, en Cataluña, País Vasco y Galicia. En Cataluña el fracaso en las autonómicas del 2010 fue premonitorio, pero evitable. Fracasó UPyD, pero no el proyecto, pues C’s concentró todo el voto que comparte con UPyD. De haber ido juntos, UPyD estaría hoy en el Parlamento de Cataluña al menos con tres diputados. Es de suponer que de haber llegado a un acuerdo con C’s, posiblemente se hubiese llegado a los cinco.
La fuerte implantación de Bildu, y el descaro soberanista de CiU, nos han dejado una evidencia: hoy en España ya no sólo se debaten proyectos ideológicos diversos; acaban de entrar en la disputa democrática los fundamentos mismos del Estado y la existencia territorial de España. Las complicidades del PSOE con los nacionalistas, el pragmatismo del PP con la derecha catalanista y la autosuficiencia de UPyD no son la mejor garantía para defender los intereses comunes de los españoles ni para evitar la desintegración territorial de España. Desespera la escasa generosidad y empatía entre los partidos nacionales en asuntos de Estado.