Es sabido que las penas privativas de libertad deben orientarse, según la Constitución, a la reinserción y rehabilitación. Ello no modifica su fundamento: son un castigo, una forma de disuadir al delincuente de reincidir, y a la sociedad en general de delinquir. Por eso, la duración de las penas se establece en función de la gravedad del delito, y no de la facilidad para la reinserción del delincuente. La ejecución de las penas, eso sí, ha de procurar la reinserción.
Se ha escrito mucho sobre qué implica tal reinserción. Pero, claro, para que una persona vuelva a convivir de forma normalizada es conveniente que entienda lo rechazable del crimen cometido. Arrepentirse, en definitiva. El delincuente es liberado cuando termina el tiempo de su condena sin exigírsele tal arrepentimiento. Pero sería un contrasentido adelantar su liberación cuando expresa o tácitamente se reafirma en su mentalidad delictiva.
Leí hace años una novela titulada El hombre que quería ser culpable. En una sociedad avanzada, el Estado pretendía reeducar y rehabilitar a un individuo que había matado a su esposa. Pero le negaba el primero de los derechos de un delincuente: el derecho a ser culpable. Sin él, la regeneración es imposible. Es, en el fondo, el debate sobre la responsabilidad individual, de cuya conservación depende en gran medida el futuro de nuestra civilización.
El debate público sobre el etarra Bolinaga ha eludido lo esencial: liberar a un delincuente porque su enfermedad se prevea fatal a corto plazo es, además de ilegal, una violación de la disposición constitucional que obliga a buscar su reeducación. Una situación terminal justifica el tratamiento médico a un criminal, pues no pierde tal derecho. Podría, por tanto, requerir el traslado a una cárcel en la que se le pudiera atender mejor desde un punto de vista médico.
Bolinaga es culpable. Y tiene derecho a ser culpable. Negarle la posibilidad de reeducación por hallarse presumiblemente cercano el fin de su vida es enviar un mensaje perverso y dañino para la sociedad y para él mismo. Liberarle es particularmente cruel, pues no solo se le niega una oportunidad de rehabilitarse: se le niega la que puede ser su última oportunidad.
Muchas personas mueren todos los años en las cárceles. Y fuera de ellas: así es la vida. Muchos de esos presos –casi todos– tienen más méritos que Bolinaga para ser liberados y morir en sus hogares. Seguramente no volverán a delinquir. Y su liberación no supone incentivo alguno para emular su conducta criminal. Al contrario que en el caso de Bolinaga, cuya liberación, contraria a Derecho y al sentido común, le reafirma en su mentalidad criminal y justifica, a ojos de una dañina minoría, el cruel terrorismo en servicio del cual se convirtió en salvaje matarife.
Defiendo sinceramente la posibilidad de que un salvaje asesino como Bolinaga pueda redimirse. Peores criminales se arrepintieron, convirtiendo su último aliento en un alegato contra los crímenes que cometieron. Es necesario, para ello, que no les neguemos su derecho a ser culpables. Liberarles antes de tiempo, retorciendo una ley que es clara en su exigencia de arrepentimiento, es inhumano. Respetemos los más elementales derechos de Bolinaga. Que vuelva inmediatamente a la cárcel.
Asís Tímermans, abogado.
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