Cuando Adolfo Suárez llegó a la Presidencia del Gobierno, en 1976, tenía por delante una serie de tareas políticas de gran envergadura que debía ir encauzando y dando solución. Una, ciertamente no menor, fue la del encaje de las aspiraciones de autogobierno del País Vasco en general y del nacionalismo vasco representado por el PNV en particular, en el nuevo periodo democrático que se habría tras la muerte de Franco. Y debía hacerlo, además, con la actividad criminal de ETA ya muy presente.
Tras la aprobación de la Constitución en 1978 –en cuyo referéndum el PNV tomó la decisión de pedir la abstención–, el paso siguiente era la elaboración y aprobación en las Cortes Generales del estatuto de autonomía del País Vasco, tarea en la que Suárez se implicó personalmente hasta límites insospechados. Para ello tuvo como interlocutor al otro lado de la mesa a un político muy parecido a él en algunos rasgos tales como la capacidad de convicción, liderazgo y atracción personal. Ese político vasco no era otro que el presidente del Consejo General Vasco –el ente preautonómico anterior al Gobierno vasco–, Carlos Garaikoetxea, que luego fue elegido lehendakari, en las primeras elecciones autonómicas.
En julio de 1979 el Palacio de La Moncloa fue el escenario de unas intensas y duras negociaciones sobre el estatuto de autonomía entre los representantes del Gobierno de la UCD, capitaneados por el ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, y una delegación del PNV encabezada por Xabier Arzalluz. Pero cuando las negociaciones se estancaban –y eso sucedió en varias ocasiones– eran Suárez y Garaikoetxea los que, en el despacho del primero, desatascaban la situación. Al final hubo acuerdo y se dio luz verde a un estatuto, el Estatuto de Gernika, por el que el País Vasco ha gozado de unas cuotas de autogobierno que nunca antes había tenido.
El pacto estatutario fue un acuerdo político que de alguna manera llevaba implícito otro pacto no escrito que se podría formular de la siguiente forma: nosotros (el Gobierno de la UCD) os damos a vosotros (los nacionalistas del PNV) todo el poder político en Euskadi a cambio de dos condiciones: que seáis leales al marco constitucional y estatuario y que os impliquéis en primera línea en la lucha contra ETA.
Transcurridos treinta y cinco años de aquel acuerdo, el balance sobre el cumplimiento de ese pacto por parte del PNV no puede ser más negativo desde la perspectiva del Estado: el PNV no ha renunciado a su objetivo de la independencia de Euskadi –el Plan Ibarretxe fue una prueba de ello y el anuncio del actual lehendakari Urkullu de iniciar las negociaciones para buscar un nuevo estatus político para el País Vasco va en esa dirección– y en la batalla que a lo largo de estos años el Estado ha mantenido contra ETA el PNV no ha colaborado lo más mínimo. Es más, se ha opuesto siempre a todas y a cada una de las medidas que desde los diversos poderes del Estado se han ido tomando para derrotar a la banda terrorista. Ya lo resumió perfectamente Arzalluz en su día: unos agitan el árbol y otros recogen las nueces.
Los años de Suárez en La Moncloa fueron asimismo muy duros en lo que se refiere a la actividad criminal de ETA. En 1977 fueron asesinadas 11 personas. En 1978 esa cifra subió hasta 68; en 1979, 80; en 1980, 98 y en 1981, 32. Años en los que las víctimas eran fundamentalmente miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y militares. Fueron los conocidos como años de plomo, en los que los funerales en el País Vasco casi se celebraban a escondidas y las víctimas, al acabar el oficio fúnebre, eran introducidas en un furgón para ser enterradas en sus lugares de origen, normalmente algún pueblo de Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Galicia.
Pero ETA también tomó en esos años una decisión terrible, acabar con el partido del Gobierno central, y para alcanzar ese objetivo golpeó de forma inmisericorde a la UCD vasca. En 1980, entre mayo y octubre, la banda terrorista asesinó a cuatro miembros de dicho partido: Ramón Baglietto en Elgóibar (Guipúzcoa), José Ignacio Ustarán en Vitoria y Jaime Arrese y Juan de Dios Doval en San Sebastian. Lógicamente, el miedo cundió en las filas de la UCD del País Vasco, liderada entones por el difunto Jesús María Viana, y a punto estuvo de desaparecer del mapa político vasco. De hecho, en las primeras elecciones autonómicas, en marzo de 1980, la UCD obtuvo sólo seis escaños en el Parlamento autonómico, de un total de 60.
Años más tarde, en mitad de la década de los 90 y hasta el 2001, ETA intentó liquidar al PP vasco: asesinó a un total de catorce concejales y cargos públicos populares en el País Vasco y en otros puntos de España: Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Manuel Zamarreño, Jesús María Pedrosa, Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Tomás Caballero, Manuel Jiménez Abad, etc.
El País Vasco le debe mucho a Adolfo Suárez. Puede ser discutible si en la negociación del estatuto de autonomía se sobrepasaron algunas líneas –por ejemplo, al transfirirse por completo la competencia de educación–, lo que con el paso de los años se ha demostrado fue aprovechado por los nacionalistas en pro de su ideología. Pero la intención del expresidente era noble: buscar el encaje de todos, nacionalistas incluidos, en la nueva etapa política que se abrió en España con su llegada a la Presidencia del Gobierno.