Uno de los mayores errores de la política económica de la democracia ha sido la politización de las cajas de ahorros. Estas entidades eran propiedad conjunta de las corporaciones municipales, las casas de misericordia, etcétera. Pero con la creación de las comunidades autónomas y la llegada de la democracia a los ayuntamientos, el Gobierno del PSOE, en su afán de controlar la sociedad hasta en su más pequeño rincón, decidió cambiar su naturaleza y su propiedad para introducir en ellas cada vez más consejeros nombrados por los Ejecutivos autonómicos y locales.
A partir de ese momento, estas entidades crediticias se convirtieron en el brazo político de las autonomías y los ayuntamientos en el sector financiero. De esta forma, pudieron financiar planes e inversiones a los que el mercado hubiera negado sus recursos, establecer mecanismos de control político sobre buena parte del territorio --una caja de ahorros en una provincia pequeña o poco desarrollada es poco menos que omnipotente-- y contribuir a la consolidación de un partido político en un ámbito territorial concreto. De esta forma, la obra benéfica, el origen de las cajas, pasó a segundo plano cuando no a tener un papel marginal, para dar prioridad a todo tipo de proyectos políticos que han causado serios problemas en los balances de más de una caja. El último ejemplo es el escándalo de los créditos concedidos por las cajas sevillanas a personas afines al PSOE para la adquisición de medios de comunicación en Andalucía.
Ahora, el Gobierno dice que va a cambiar esta situación a través de la Ley Financiera que presentará próximamente en el Parlamento. Y lo hará reduciendo la presencia política en los consejos de administración de las cajas por debajo del 50%. En esto, si es que es la verdadera intención del Ejecutivo, el PP está de acuerdo con el PSOE, al menos con la Ejecutiva Federal, porque con los barones nunca se sabe. La idea, sobre el papel, es buena. La cuestión es si es posible y práctica.
Lo primero que tendría que quedar claro es si con una presencia directa de los políticos en las cajas por debajo del 50%, éstos realmente no podrán ejercer un control efectivo sobre las decisiones de las entidades. Una cuestión importante porque hay muchas empresas en España en las que basta contar con una pequeña parte del capital de la misma para dominarlas por completo.
Después está la cuestión de quién adquiriría la representación que perderían los políticos, porque, según a quién se le concedan esos derechos, las cajas tendrán independencia o serán el mismo perro con distinto collar. El riesgo es real porque lo normal sería que los derechos de los políticos pasaran a las organizaciones de impositores; éstas, sin embargo, suelen estar controladas por los distintos partidos, con lo que no se habría ganado nada, o, peor aún, por los equipos directivos de las entidades, lo que les serviría para blindarse en sus puestos y dirigir las cajas a su antojo.
El trabajo que le espera al Gobierno, por tanto, no es sencillo; la verdad es que la problemática de las cajas es muy compleja, empezando porque no tienen dueño. Pero, sea como fuere, estas entidades necesitan una reforma que ponga el punto final a su politización, porque estamos hablando de más de la mitad del sector crediticio de nuestro país.
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