Lo único sensato que tiene la versión industrial del Plan E que acaba de aprobar el Gobierno es el objetivo de que el sector secundario aumente su peso en la economía española del 15% al 18%. Y es sensato porque, con la construcción hundida, hace falta otro motor del crecimiento económico; porque en algún sitió tendrán que trabajar los cientos de miles de parados cuyo empleo saltó por los aires con el estallido de la burbuja inmobiliaria y porque algo tendremos que producir para poder exportar y cerrar así nuestros graves problemas de balanza de pagos. Porque todo lo demás es un conjunto de errores que se concentran en las bases mismas del plan.
Lo primero que hay que tener en cuenta para desarrollar el sector industrial es que, para ello, se necesitan empresarios y empresas. Es más, se necesitan nuevos empresarios y nuevas empresas. El plan, sin embargo, no contempla nada de ello y se centra en tratar de incrementar las posibilidades productivas y de generación de empleo de las compañías ya existentes, lo cual es un error. Porque no se trata de que esas empresas sean más grandes y más avanzadas, que puede que también, sino, sobre todo, de que haya más, muchas más. Lo cual entra en clara contradicción con uno de los principios ideológicos fundamentales del ‘zapaterismo’ que es la demonización sistemática, y a todos los niveles, del emprendedor. Aquí, mientras no se promueva la vocación empresarial y se defienda la justa recompensa, en forma de beneficios, para quien asume riesgos y aporta a la sociedad, no habrá nada que hacer. Y es que sin más empresas, ni podrá haber más industria, ni mucho menos esas industrias avanzadas que pretende el Gobierno conseguir por decreto. Y relacionado con ello está otro error estratégico del Ejecutivo, que es insistir en industrias tradicionales que están deseando marcharse a otros países con costes laborales más bajos y un clima mucho mejor que en el nuestro para el mundo de los negocios. Lo que hay que hacer es promover la aparición de empresas en otros sectores distintos, pero para eso hacen falta empresarios, que es lo que ni hay ni se promueve.
En segundo término, para todo eso que pretende Zapatero de empresas avanzadas, tecnología, I+D+i y demás necesitamos investigadores, lo cual no abunda precisamente por estos páramos porque ni el sistema educativo es el adecuado para producirlos en las cantidades que necesitamos, ni los que existen encuentran en nuestro país los incentivos necesarios para trabajar aquí. Y hablo de cosas como la subida del tipo marginal del IRPF para las rentas más altas, del reconocimiento económico a su labor, de una adecuación de los planes de estudio a la realidad del mundo empresarial, de una verdadera potenciación de la investigación en las universidades, contratando a los mejores y retribuyéndoles de acuerdo con sus méritos, etc. Todo eso brilla en nuestro país por su ausencia y sin esos cambios no vamos a ir a ninguna parte.
Después viene la cuestión de la competitividad, que el Gobierno relaciona, entre otras cosas, con los costes energéticos. ¿Cómo pretende reducirlos Zapatero si sigue insistiendo en condenar a muerte a la energía nuclear, que es la verdaderamente barata, mientras sigue enterrando miles de millones de euros en subvenciones a las renovables? Y, hablando de gasto público, aquí hay otra cuestión fundamental. El tipo de empresa que quiere ZP necesita importantes recursos financieros, que no públicos, para poder llevar a cabo sus investigaciones, sabiendo que las mismas pueden tardar mucho tiempo en dar resultado y sin que haya garantía alguna de que, finalmente, muchas de ellas puedan llegar a fructificar. ¿De dónde deben proceder esos recursos? Pues de cosas como el capital riesgo o los instrumentos tradicionales de financiación, como la emisión de acciones o los créditos. La economía española, sin embargo, hoy por hoy carece de esa capacidad de financiación porque los pocos recursos disponibles se los lleva el sector público para cubrir un más que abultado déficit presupuestario. Por tanto, si Zapatero quiere que su plan salga adelante, lo que tiene que hacer es recortar drásticamente el déficit para liberar esos recursos y hacerlo, además, por la vía del gasto, no por la de la subida de impuestos que va en contra de la inversión empresarial.
Por último, el Gobierno tendría que crear el marco institucional adecuado para el desarrollo de nuevas empresas industriales, lo cual, entre otras cosas, conlleva dos elementos esenciales. Por un lado, una reforma laboral profunda. Por otro, acabar de una vez por todas con el caos regulatorio en que se ha convertido este país por culpa de las autonomías, ya que diecisiete legislaciones distintas sobre un mismo asunto impiden la conformación de empresas de ámbito nacional y con masa crítica suficiente para competir en los mercados internacionales.
Si Zapatero quiere que la industria gane peso en la economía española, tendrá que actuar conforme a las líneas anteriores. Todo lo demás es tirar el dinero y transitar por un camino que no lleva a ninguna parte porque, al final, si no hay empresas, no hay nada que hacer. Y para que haya empresas antes que nada tiene que haber empresarios.