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Columna publicada el 02-08-2005
A comienzos del mes de julio el senado italiano votó a favor de un cambio en el artículo 52 del código penal que modifica radicalmente el tratamiento jurídico de la defensa de la vida y la propiedad privada a través de un fortalecimiento de la legítima defensa. Si la propuesta de modificación termina implantándose supondrá la legitimidad del uso de un arma de fuego o de cualquier otro medio idóneo dirigido contra extraños que se introduzcan en casas o en comercios amenazando la indemnidad de los presentes o los bienes propios o de terceros. La víctima tendrá pleno derecho a su defensa y la de los suyos incluso si el agresor se presentara con las manos vacías. Expresado en román paladino, la iniciativa elimina la exigencia de proporcionalidad en la respuesta a una agresión, idea según la cual uno debe esperar a ver si le atacan con un tenedor para ir a buscar el suyo.
En cualquier sociedad de esta Europa occidental en la que priman más las ayudas y las políticas encaminadas a reinsertar a los criminales que la defensa de los derechos de las víctimas y su justa restitución, una iniciativa como esta se encuentra destinada a levantar ampollas. Italia no ha representado una excepción en este sentido. La propuesta fue sorprendentemente apoyada por todos los parlamentarios de centro derecha aglutinados en torno a la Casa de la Libertad y, como era de esperar, rechazada con gran indignación por todos los parlamentarios de los grupos de la oposición.
Un buen ejemplo de la irritación de la siniestra es la reacción de Guido Calvi, senador de Democráticos de Izquierda, para quien "La ley es una invitación al uso privado de las armas y la transformación de nuestro país en el lejano oeste".
A pesar de lo intuitiva que resulta la sentencia de Calvi, todas las tiranías han dado sus primeros pasos prohibiendo el uso privado de las armas. En 1929 lo hizo la Unión Soviética y comenzó el exterminio de más de 20 millones de desamparados disidentes en menos de 25 años. En 1935 fue China la que prohibió la legítima defensa mediante el uso privado de armas. De nuevo, en poco más de dos décadas serían aniquilados más de 20 millones de chinos. En 1938 Adolf Hitler ordenó aprobar una ley para restringir el derecho a usar armas de manera privada y entre ese año y 1945 más de un millón de indefensas personas serían exterminadas. En cambio, son países tan celosos de la libertad individual como EEUU o Suiza –y hasta hace muy poco Inglaterra y Australia– los que han respetado durante siglos el derecho al uso privado de armas con fines defensivos.
Por otro lado, en los países donde el derecho al uso privado de las armas para la defensa de la vida y la propiedad privada ha sido usurpado, el nivel de criminalidad se ha incrementado dramáticamente. Los ingleses y los australianos vieron con espanto cómo los últimos años del siglo XX se volvían los más violentos de su historia tras quedar monopolizada a manos del estado la defensa mediante armas de la vida y la propiedad privada.
Por último, el salvaje oeste no fue tan salvaje como lo pintan y su lejanía (respecto a las áreas donde actuaban las fuerzas públicas de seguridad) no lo hizo más violento que muchas ciudades actuales. De hecho el nivel de criminalidad en términos relativos de famosas ciudades del Oeste como Abilene, Ellsworth, Wichita, Dodge City, o Caldwell estaban significativamente por debajo de los niveles que hoy en día se dan en la mayoría de las metrópolis del mundo.
Gabriel Calzada Álvarez es representante del CNE para España y presidente de Instituto Juan de Mariana

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