Anteayer, Zapatero prometía no luchar contra el terrorismo de forma ilegal. Al día siguiente, el ministro del Interior aseguraba a El País que era preciso controlar las pequeñas mezquitas. Este martes, Moratinos justifica el plan del Ministerio del Interior de crear un registro de actividades religiosas con el fin de “controlar a los imanes en las pequeñas mezquitas”
¿No resulta ilegal condicionar la libertad religiosa por un supuesto uso ilegítimo de las mezquitas como captadoras de jihadistas?
La constitución establece la libertad de conciencia y de religión. Actualmente existen Acuerdos de Cooperación con el Estado y la religión musulmana (Ley 26/92 de 10 de noviembre).
Entonces ¿cómo van a poder controlar a las mezquitas pequeñas sin antes discutir el contenido del acuerdo con la Federación de Entidades Religiosas Islámicas?.
Ya no sabemos si las declaraciones de los ministros socialistas tienen sustento legal o no, porque vista la actuación de la ministra de cultura, desconocemos si se trata de deseos o de medidas que piensan tomar.
Por otro lado, resulta pintoresco que el Ministro mencione la necesidad de crear un registro para estas entidades cuando el citado Acuerdo señala expresamente que existe un registro de entidades religiosas.
Este tipo de leyes pueden plantear multitud de problemas cuyo alcance ya veremos próximamente. No descartemos protestas y movilizaciones por parte de colectivos musulmanes. El Mundo recogía este martes la opinión de la Asociación Profesional de la Magistratura que, según dicho rotativo, ha planteado que “controlar lo que predican los imanes en las mezquitas podría vulnerar el derecho a la libertad religiosa si no existiesen indicios de la comisión de algún delito, como el incitar a la violencia”. El Partido Popular ha declarado, por su parte, que estamos ante una medida claramente anticonstitucional.
Si estas medidas las hubiera adoptado la derecha, la izquierda se hubiera echado a la calle. Veremos cuántos izquierdistas comienzan a clamar por la libertad religiosa. Al fin y al cabo, Moratinos es amigo de los palestinos y Alonso era defensor de la no ilegalización de Batasuna en su momento. Hagan lo que hagan, seguro que sus medidas son claramente progresistas y no vulneran derechos fundamentales. Para los escrupulosos defensores de la legalidad, se abren unas cuantas cuestiones, como hasta qué punto puede el Estado inmiscuirse en la religión cuando es un ámbito individual protegido por la Constitución, si no hay indicios de que se están cometiendo delitos en las mezquitas. Para los que consideran que la ley es producto del Parlamento y nada más, todo lo que proceda del Estado es aceptable. Se promete un interesante debate.