En los países latinoamericanos la cosa es bien distinta. Los que quieren ser ricos no tratan de ser empresarios, porque para serlo primero hay que ser rico. Los pobres tratan de conseguir empleo en el Gobierno. Algunos jóvenes ambiciosos entran en la política, trafican influencias, negocian contratos y algunas veces hasta llegan a hacer fortunas, a costa de sus pueblos.
La única opción de los pobres con talento empresarial es ingresar en el sector informal o ilegal, que en América Latina representa más del 50% de la economía. Las asfixiantes regulaciones, los elevados impuestos y la ausencia de derechos de propiedad son la causa de esta generalizada informalidad. La casi totalidad de los negocios, aun cuando tienen los permisos del Gobierno y pagan algunos impuestos, operan en la informalidad, sin acceso al crédito, con escasa posibilidad de importar o exportar y, menos aún, de emitir acciones en la bolsa de valores.
Al menos dos de cada tres propiedades urbanas y rurales carecen de títulos o documentos válidos de propiedad. Este capital muerto, si bien suma cifras colosales, no permite a sus poseedores utilizarlo como garantía o colateral para conseguir créditos y crear una pequeña empresa legal. Los empresarios informales no pueden prosperar ni hacer prosperar a sus pueblos debido no sólo a que no tienen derechos de propiedad definidos y seguros ni acceso al sistema financiero legal, sino al alto costo de las coimas que continuamente les reclaman inspectores, policías y políticos corruptos.
La creación de derechos de propiedad entre los millones de pobres que poseen activos, como tierras, viviendas y maquinarias, es indispensable para avanzar hacia el capitalismo. Pero no es suficiente. El opresivo, burocrático, costoso y corrupto sistema legal y tributario estatista asegura que sólo los ricos puedan acceder al mundo de los negocios, al crédito bancario, a las nuevas tecnologías y al comercio exterior. Los trámites y exigencias para abrir y legalizar un simple negocio en Caracas, La Paz o Asunción son mucho más caros, complejos y extensos que los requeridos en Nueva York, Londres o Singapur.Las excesivas regulaciones que imponen los gobiernos estatistas, restringiendo así las libertades económicas, llevan a que sólo los ricos puedan obtener el asesoramiento especializado, legal, contable, tributario y financiero necesario para abrir un negocio, obtener los permisos, pagar las tasas y gravámenes, importar maquinarias, construir instalaciones, contratar personal, cumplir con las leyes laborales y la Seguridad Social. La creación de riqueza y oportunidades, que en el Primer Mundo está al alcance de cualquier ciudadano, en los países latinoamericanos, que son los que más necesitan producir y crear empleos, enfrenta una barrera insalvable, excepto para los más pudientes.
El estatismo condena así a más de la mitad de la población de los países a trabajar en el sector informal de la economía, en el mercado negro, sin futuro ni posibilidades de crecer y ascender en el mundo de los negocios. El talento empresarial y la energía innovadora de millones de personas, que podrían haber impulsado una pujante economía de mercado, se pierden inútilmente en la maraña de trámites y coimas que sellan las compuertas del sector formal. Y lo peor es que los pocos que logran saltar al sector formal y se convierten en grandes empresarios a menudo se alían con los gobiernos para conseguir subsidios, protecciones y exenciones, como también para impedir el ingreso de nuevos competidores al mercado, todo lo cual lo pagan los consumidores.
La exclusión de los pobres del sistema capitalista explica no sólo la falta de formación empresarial de los pueblos latinoamericanos, también la pobreza endémica, las asombrosas desigualdades y la extraña obsesión de muchos por el populismo y la izquierda anacrónica.
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