Uno de los grandes peligros del Gobierno de Zapatero es la instrumentación partidista de las instituciones. Lo hemos visto con las presiones al Tribunal Constitucional para obtener una sentencia favorable al Gobierno en el Estatuto de Cataluña. No olvidemos la bronca descarada de la Vicepresidenta del Gobierno a la Presidenta del Tribunal en un desfile militar. Lo vimos también con la Fiscalía del Estado, sometida servilmente a los intereses del Gobierno en la negociación con ETA. Incluso el Tribunal Supremo ha sido objeto de las advertencias del Ejecutivo cuando ha imputado al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación. Por no hablar de la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La policía no es ajena a estos intentos de utilización partidista por parte del Gobierno. Es más, Alfredo Pérez Rubalcaba es un consumado maestro en la manipulación y el engaño. Los sindicatos policiales han denunciado unánimemente la creciente politización del Cuerpo Nacional de Policía. El actual ministro del Interior ha llevado hasta tal extremo la discrecionalidad en la asignación de destinos que un Tribunal ha anulado el último Catálogo de Puestos de Trabajo en el CNP por el abuso de la libre designación. Las condecoraciones policiales se han convertido con Rubalcaba en un premio al amiguismo y al servilismo más que en un reconocimiento del sacrificio o la excelencia. Muchos policías saben que su carrera profesional depende más de la confianza política que de su capacidad y su esfuerzo.

Hace algunos meses que denuncié en esta misma columna a Rubalcaba como el verdadero cerebro de la operación de acoso desatada contra el Partido Popular. En El cerebro de la trama ponía de manifiesto que el responsable político de esa operación no era el dimitido Mariano Fernández Bermejo, un mero peón de brega, sino el todavía ministro del Interior. Desde entonces no ha hecho sino aumentar nuestra convicción de que Rubalcaba ha puesto todos los medios a su disposición para perseguir a la oposición democrática.

En la famosa cena de la cacería tenemos a un ya ex-ministro que se vio obligado a dimitir por ese escándalo, un juez imputado ante el Supremo y un comisario de policía que aún continúa en su puesto. El ministro del Interior ni siquiera se ha dignado a ofrecer una mínima explicación en el Parlamento, ni ha tenido la prudencia de relevarlo. Esa contumacia en mantener en su puesto a un comisario fuertemente cuestionado y co-protoganosista de uno de los mayores escándalos de nuestra democracia, participar en esa cacería-contubernio contra la oposición, es una buena muestra de cual es el grado de implicación de Rubalcaba en este intento de criminalización del PP.

Cualquier persona que haya cometido un delito de corrupción, sea del partido que sea, debe soportar todo el peso de la Ley en los Tribunales. Pero lo que no es de recibo es que el Gobierno utilice a las instituciones del Estado de Derecho para perseguir a la oposición democrática. Tampoco es admisible que se utilicen recursos policiales escasos para perseguir delitos a veces inexistentes mientras el narcotráfico, la trata de seres humanos y el crimen organizado crecen en nuestro país ante la incapacidad de la policía para investigar todos los casos. Lo que no se puede asumir es que los informes policiales que afectan al PP lleguen antes a determinados medios de comunicación que a los propios Tribunales. Y lo que el Partido Popular no va a consentir es que se elaboren diligencias a toda velocidad contra miembros de nuestro partido que en muchos casos quedan en nada judicialmente, mientras los que afectan al PSOE se guardan durante meses en un cajón como ocurrió con la corrupción en Cienpozuelos.

Tengo plena confianza en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Y lo que tampoco debemos consentir es que unos pocos policías al servicio de un partido o únicamente preocupados por medrar servilmente puedan poner en cuestión el buen hacer y el prestigio de un colectivo caracterizado por su abnegación, sacrificio, espíritu de servicio, profesionalidad e independencia de sus miembros. Ha llegado el momento de que hagamos una verdadera policía profesional en la que los intereses políticos queden fuera de las Comisarías.