Este es el primer artículo de una serie de dos en los que se divide el ensayo que Jaime Ignacio del Burgo ha escrito sobre el escándalo de la detención ilegal de dos militantes del PP. En esta primera entrega analizará los hechos probados del auto en el que se condena a los tres policías. En la segunda recordará la última detención política en España, en 1977, y la respuesta del PSOE de entonces.
El día 25 de enero de 2005 se celebró en Madrid una multitudinaria manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo con el lema "Memoria, Dignidad y Justicia con las Víctimas del Terrorismo". Entre los manifestantes se hallaban dos militantes del Partido Popular, Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz. Una vez comenzada la marcha, hizo su aparición el entonces ministro de la Defensa, José Bono.
Durante algún tiempo, el ministro caminó flanqueado por varias víctimas del terrorismo etarra, alguna de ellas procedentes de Navarra, sin que nadie le hiciera objeto ni de muestras de aprobación ni de desaprobación. Uno de ellos, Salvador Ulayar, le relató el calvario que padecieron desde el asesinato de su padre, que había sido alcalde en los últimos años del franquismo de Echarri Aranaz, municipio navarro que de ser un feudo carlista había pasado a convertirse en granero de terroristas de ETA.
No debió gustarle esta conversación al ministro, porque en un momento dado sacó su teléfono móvil, hizo una llamada y abandonó a sus acompañantes para encontrarse poco después con la eurodiputada socialista Rosa Díez. Fue entonces cuando se produjeron los primeros incidentes. Mientras algunos vitoreaban a la valerosa militante socialista, otros comenzaron a increpar a José Bono. Se oyeron insultos amenazadores (también algunos aplausos) y en vista de que la tensión iba en aumento, los tres policías que le acompañaban, más otros tres de la escolta de Rosa Díez, a los que se sumaron cinco policías de la Brigada Provincial de Información más otros tres de la Primera Unidad de Intervención Policial, es decir, un total de catorce agentes, formaron una "cápsula de seguridad" para evitar que nadie pudiera acercarse al titular de Defensa del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Finalmente, Bono optó por abandonar la manifestación. Para ello los catorce policías de escolta hubieron de emplearse a fondo y esta fue la causa de que se produjeran algunos empujones y zarandeos, pero finalmente lograron su objetivo sin que el ministro hubiera sido objeto de agresión alguna. Rosa Díez regresó a la manifestación donde fue recibida con muestras de simpatía.
El baile de los instructores
En la Brigada Provincial de Información se hallaba aquel día como jefe del servicio de retén, su inspector-jefe Javier Fernández Gómez que ordenó la apertura de diligencias policiales para depurar las posibles responsabilidades penales. Uno de los inspectores (número 56.589) que había prestado el servicio de escolta redactó una nota informativa en la que consideraba como un "logro" que las autoridades protegidas no hubieran sido objeto de agresión alguna. Esto debería de haber bastado para cerrar el asunto. Pero el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz Martínez, decidió que esto no era suficiente.
El lunes 24 de enero de 2005, es decir, dos días después del suceso, el comisario Ruiz Martínez ordena al instructor inicial de las diligencias que ceda la instrucción al inspector jefe de la Brigada Provincial de Información (número 16.444). Se toma declaración a los agentes que formaron parte del operativo policial de protección al ex ministro quienes afirman que no se produjo "ningún tipo de agresión física en las personas que en ese momento se protegían". Además el instructor procedió a "visionar" los vídeos grabados por las cámaras de televisión que, casualmente, habían acompañado a Bono.
Mientras el nuevo instructor y el secretario se hallaban en la sala de televisión de la Brigada Provincial de Información entró el comisario jefe de la misma, Rodolfo Ruiz Martínez y se produjo el siguiente diálogo: "Jefe, no se ve nada", le comentó el instructor. La respuesta fue antológica: "Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona". Por cierto, que este comisario, otra casualidad más, antes de ser promovido por el Gobierno socialista a la Jefatura de la Brigada, se hallaba al frente de la comisaría de Vallecas, donde en la madrugada del 12 de marzo de 2004 "apareció" la decimotercera mochila.
A pesar de ello, Javier Fernández Gómez redactó una nota informativa donde se refleja que "se logró que las autoridades en ningún momento fueran agredidas físicamente por parte de esos incontrolados". Esta nota se remitió a la Dirección General de la Policía. Poco después, el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Constantino Méndez, en rueda de prensa declaró con manifiesta falsedad que "calculaba que pronto habría identificaciones y detenciones porque había suficientes indicios en la investigación policial". El comisario jefe de la Brigada de Información y el inspector-jefe Javier Fernández Gómez escucharon por la radio al Delegado.
"Hazlo o vamos a tener problemas"
El martes 25 de enero entra en escena el diario El País. En él se informa que dos militantes del PP de Las Rozas, Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz, habían sido identificados entre los presuntos agresores del ministro Bono. El inspector Javier Fernández Gómez telefonea a Isidoro Barrios requiriendo su presencia en las dependencias policiales acompañado de abogado. Para facilitar su traslado, le envía un vehículo, sin distintivos policiales, a recogerle. Barrios contacta con su compañera de partido Toñi de la Cruz Bravo que decide acompañarle a prestar declaración.
Mientras esperan la llegada de los citados, comparecen ante el instructor los tres escoltas del ministro Bono quienes tras ver el vídeo del incidente coinciden en que no hubo agresión física por impedirlo la cápsula de seguridad. Los tres comparecientes firmaron su declaración iniciada a las 10:45 horas. Pese a ello, el inspector-jefe Javier Fernández Gómez indica al instructor (16.444) que cuando llegaran los dos militantes del PP procediera a detenerlos y les leyera sus derechos, todo ello según órdenes del comisario Rodolfo Ruiz Martínez. El instructor se niega a hacerlo por no encontrar motivos para su detención. Javier Fernández Gómez le conmina: "Hazlo o vamos a tener problemas".
Poco después, el inspector-jefe indica al instructor que no se preocupara por nada, porque él iba a ser quien ejerciera tal función, requiriéndole para que le asistiera como secretario, a lo que aquél se negó. En ese instante, hace acto de presencia el comisario jefe de la Brigada y cuando el instructor trata de argumentarle que no había motivos para practicar la detención ordenada, Rodolfo Ruiz Martínez le interrumpe para comunicarle que "estaba cesado como instructor de las diligencias" y que "abandonara el despacho inmediatamente".
Cuando llegan los militantes del Partido Popular, en torno a las 13 horas, el inspector jefe, ya en funciones de instructor, les hace "información de derechos del detenido". Los detenidos estuvieron en dicha situación hasta las 16 horas, en que el nuevo instructor decide ponerlos en libertad.
Mientras se tomaba declaración a los detenidos, los escoltas del ministro Bono comparecen de nuevo ante el instructor para entregar una nota manuscrita, inducida por el Jefe de la Brigada, en la que ampliaban su declaración anterior para dejar constancia de que "en un determinado momento se produjo una situación de violencia extrema, hasta el punto de que en algunos momentos nos vimos superados por la gran cantidad de personas que intentaban agredirle con sus manos, pies y algunos objetos contundentes al ministro". Añadían en su nota que "por esta razón centramos nuestra actuación en repeler e intentar evitar las agresiones, hechos por el cual no pudimos prestar especial atención a la fisonomía de los agresores".
El instructor procedió a incluir el manuscrito en el texto de la comparecencia practicada al comienzo de la mañana. El acta de la comparecencia así complementada figuraba como instructor el inspector número 16.444, lo que obligó a imprimirla de nuevo consignando como instructor al inspector-jefe Javier Fernández Gómez, firmándola los escoltas del ministro Bono.
Falseamiento del atestado policial
A las 5 de la tarde de ese mismo día, ante el revuelo creado por la detención de los dos militantes del PP, el Jefe Superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, ordenó que se le remitiera por fax copia de las declaraciones y diligencias practicadas. Fue entonces, cuando el Jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz Martínez, y el instructor, Javier Fernández Gómez decidieron rehacer el original del atestado, omitiendo lo actuado por los dos primeros instructores e introduciendo un nuevo relato donde inflaron o abultaron los hechos "para que sirviera de justificación de las dos detenciones que habían practicado" (folio 19 de la Sentencia de la Audiencia Provincial).
Para dar mayor verosimilitud al nuevo atestado requirieron la presencia del primer instructor a quien conminaron a firmarlo, cosa que hizo porque "no quiso aumentar la situación de tensión que se vivía en la Brigada" y evitar correr la misma suerte que el segundo instructor. El jefe de la Brigada y su inspector-jefe destruyen el original primitivo. En el atestado se incluye la referida nota manuscrita de los escoltas del ministro Bono como si se hubiera producido a las 22 horas del día 22 de enero. También incluyeron unas manifestaciones del ministro de Defensa que había declarado a los medios de comunicación que "había sido objeto de amenazas, empujones y puñetazos, uno de ellos en las costillas". Añadieron asimismo que los militantes del PP se hallaban en las proximidades del ministro de Defensa "adoptando una actitud y gestos amenazantes", lo que no se desprendía en modo alguno del "visionado" del vídeo del incidente. No contentos con haber falseado las diligencias, los jefes policiales "hacen desaparecer informáticamente el cuerpo original del atestado 305, destruyen la inicial comparecencia de los agentes 56.589 y 79.914, así como su diligencia de gestiones, ambas impresas, firmadas y selladas, y destruyen la inicial comparecencia de los escoltas del señor Bono, igualmente impresa, firmada y sellada" (folio 23 de la sentencia de la Audiencia Provincial).
El atestado así falsificado se remite al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, quien con fecha 14 de junio de 2005, dictó auto acordando el sobreseimiento provisional por entender que no había quedado acreditado que los acusados por la Policía participasen en la agresión referida por el ministro Bono o en el intento de agredirle.
El relato anterior es fiel reflejo de los "hechos probados" de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que el pasado 8 de mayo de 2006 dictó sentencia contra Rodolfo Ruiz Martínez y Javier Fernández Gómez, a quienes condena por un delito de detención ilegala la pena de dos años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años, y a una indemnización solidaria de 12.000 euros, cantidad que serán satisfechas ambas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Asimismo, condena por undelito de falsificación de documento públicoa la pena de 3 años de prisión, multa de seis meses, con una cuota diaria de seis euros (1.080 euros en total) e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos años, a Rodolfo Ruiz Martínez, Javier Fernández Gómez y José Luis González Salqueiro (secretario del atestado falseado). Finalmente, condena a Rodolfo Ruiz Martínez, como autor responsable de undelito de coacciones, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a una pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros (1.080 euros en total). Los condenados deberán hacer frente a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.