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Desempleo políticamente correcto

Si usted percibe unos 18.000 euros al año brutos, la empresa ha de desembolsar al Estado el 46% de lo que usted cobraría. Si aboliesen toda tributación sobre los salarios, podría ganar lo mismo reduciendo a la mitad su jornada o percibir ese 46% de más.

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En 1938, se aprobó en Estados Unidos la Fair Labor Standards Act (FLSA) que contenía por primera vez un salario mínimo interprofesional (SMI). Dos años después, sólo en Puerto Rico el desempleo aumentó un 50%. Afortunadamente, en aquella época, el Gobierno no era esclavo de lo políticamente correcto y enmendó su error derogando la ley para ese estado. Según un estudio sobre el impacto de la medida, los Estados Unidos perdieron entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo, aun cuando la ley se dejó de aplicar en 1940. Dicho de otra manera, la FLSA contribuyó activamente a que se prolongara la crisis.

José Luis Rodríguez Zapatero dijo el otro día que el Gobierno se centraría este año en la lucha contra el desempleo. Pero cuando el Estado intenta mejorar algo, termina haciendo el problema mayor. Dicho y hecho, la semana pasada los políticos aumentaron el salario mínimo (SMI) un 4% y todavía siguen pensando en cumplir la promesa electoral del PSOE de acabar la legislatura con un SMI de 800 euros (frente a los 624 actuales).

Se ha de ser muy socialista para no ver que España padece un gran problema con la creación de empleo. La situación empieza a ser desesperante. Tenemos aproximadamente el mismo número de desempleados que Alemania con la mitad de su población. Nuestro país encabeza el ranking de desempleo juvenil, con una tasa de paro de casi el 30% (el segundo es Suecia, con un 22%). Y, cómo no, somos el Estado de la UE donde más ha aumentado el desempleo.

Además, los socialistas han convertido los puestos de trabajos en auténticas trincheras. A finales de 2007, cuando España tenía dos millones de parados y las cosas iban relativamente bien, sólo el 50% de los desempleados tenían alguna opción de volver a encontrar trabajo. Ya se podrá imaginar el lector cómo debe de estar ahora el panorama, cuando acabamos de entrar en recesión.

Todas las leyes contra el empleo van siempre en detrimento del más débil. Si usted es un alto directivo de una multinacional que cobra 7.000 euros al mes, no tiene que preocuparse por el salario mínimo. Siempre podrá encontrar otro empleo. Si, en cambio, usted es un joven con poca experiencia y con escasa cualificación, leyes como el SMI son un importante obstáculo a su bienestar material.

Uno puede comenzar cobrando poco, porque su productividad sea baja. Pero con el tiempo, el aprendizaje y el trabajo duro, mejorará sus habilidades y conocimientos, accediendo a salarios más elevados o incluso a crear su propia compañía.

No olvidemos que el sueldo de un empleado es un coste para la empresa que está justificado por su productividad. El problema es que la mitad del salario que le corresponde a un trabajador se la queda el Estado. Haga la prueba con esta calculadora de impuestos. Si usted percibe unos 18.000 euros al año brutos –sueldo aproximado de un mileurista– la empresa ha de desembolsar al Estado el 46% de lo que usted cobraría. Es decir, si aboliesen toda tributación sobre los salarios, podría ganar lo mismo reduciendo a la mitad su jornada o percibir ese 46% de más.

Las leyes contra el empleo que aprueba el Gobierno, y muy especialmente el salario mínimo, no sólo dinamitan el bienestar del más desfavorecido, sino que crean discriminación y más delincuencia. En la época del Apartheid, los lobbies y sindicatos favorables a los blancos abogaban por altos salarios mínimos para dejar sin trabajo a los negros, generalmente más pobres y peor cualificados que los blancos de Sudáfrica. La llamada "basura blanca" (blancos de bajo nivel cultural y bajas rentas) tenían unas habilidades y niveles de renta superiores a sus equivalentes negros, por lo tanto, en determinados trabajos eran más productivos. Los sindicatos supremacistas sabían que si aumentaban el coste para las empresas que suponía el salario de sus trabajadores, los negros quedarían fuera del mercado laboral.

Lo mismo ocurrió en Estados Unidos y el salario mínimo consiguió el propósito de los supremacistas. En 1954 (primer año que se empezó a medir oficialmente el paro por razas) el nivel de desempleo entre blancos y negros iba casi a la par. En 1955, la FLSA de la que antes hemos hablado fue revisada y el salario mínimo se incrementó más de un 30%. Esto provocó que el paro entre los negros se disparase. Entre 1954 y 1980, el ratio de desempleo entre los jóvenes negros aumentó un 40%. Si comparamos entre blancos y negros, la diferencia entre los primeros y los segundos creció más de un 200%.

Y si los menos favorecidos no trabajan, ¿qué pueden hacer? Algunos de ellos, delinquir. En España nos vamos a enfrentar a este problema en un futuro cercano. Cada vez tenemos más inmigrantes poco cualificados. Algunos ni siquiera hablan bien el idioma y no conocen nada del país, lo que les sitúa en el nivel más bajo del mercado laboral. Si su precio de mercado es de 400 euros al mes, por ejemplo, y el Gobierno cumple con su promesa de elevar el salario mínimo hasta los 800, ¿qué empresas los van contratar? ¿Y qué otra opción van a tener esos inmigrantes para seguir sobreviviendo? ¿De verdad queremos que la delincuencia en España alcance los niveles de Estados Unidos? Zapatero con su visión surrealista del mundo está contribuyendo a que esto ocurra. La doctrina de lo políticamente correcto es muy cómoda para el gobernante; le hace ganar votos y alabanzas de los medios de comunicación, pero nos sume en una situación de inestabilidad y miseria. La única política laboral aceptable es que el Gobierno desaparezca del mercado de trabajo para siempre. Sólo así se creará riqueza para todos.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

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