Sin duda lo peor de este mes –y del mes y pico que queda para las elecciones– es la exageración. Y no de los nacionalistas, que, al fin y al cabo, no han hecho ni dicho nada distinto de lo que una servidora ha visto y oído desde que tuvo la mala idea de interesarse por la política. La exageración ha venido del otro lado. De los que han dejado que se llegara a este punto; de los que hasta la fecha estaban sin comparecer.
Por ejemplo, el ministro Wert, aunque es cierto que las acusaciones de preconstitucional por parte de partidos, cargos y otras criaturas esencialmente anticonstitucionales provocan solidaridad y la risa floja. Pero a Wert hay que recordarle que en su mano tuvo la posibilidad de hacer lo legal, que además hubiera sido lo correcto, sin tanta alharaca parlamentaria. Hace unos meses, cuando Alicia entraba y salía del Palau de la Generalitat y había pasado de ser una "líder atolondrada" –según palabras del director de El Mundo– a ser la quintaesencia del pacto con CiU, y se la elogiaba por apoyar los presuntos recortes de Mas, al ministro Wert y a la ilustrísima megavicepresidenta del Gobierno les preguntaron si pensaban hacer cumplir las sentencias del Supremo sobre la educación en Cataluña. El ministro dijo que esas sentencias "no cuestionaban el modelo", y la señora doña vicepresidenta apostó por el "bilingüismo integrador". Es decir, que no pensaban cumplir, ni nada parecido, y de hecho no lo hicieron. Lo que sí hicieron fue ir a la presentación del libro de Juliana: doña Soraya, Lassalle –mano derecha de Wert–, el presidente del Congreso y doña Fátima Báñez.
Y los padres que se dejaron la tela demandando, que ganaron el caso y que, pese a tener varias sentencias del Supremo a favor, siguen siendo tratados como unos frikis inadaptados, hubieran preferido que alguno de los cientos de miles de abogados del Estado que ocupan el Gobierno hubiera sido enviado a hacer cumplir las sentencias, y lo de españolizar a los niños catalanes a lo mejor no sería necesario. Porque incluso lo de subvencionar colegios privados no deja de ser una cobardía en la línea de la apuesta por el bilingüismo integrador; las sentencias deben cumplirse en lo público, que es lo que los jueces han ordenado. ¿Y saben ustedes qué habría pasado si el Gobierno hubiera hecho cumplir la Ley? Nada.
Porque los movimientos cívicos en Cataluña, como el que ha organizado la manifestación de hoy, o Ciudadanos de Cataluña, o Ciudadanos, o UPyD, o la asociación de Pepe Domingo o la Asociación por la Tolerancia o Convivencia Cívica Catalana, lo que han pedido durante todos estos años ha sido que en Cataluña se cumpliera la legalidad. Incluso la más estricta legalidad autonómica. Es más, yo he oído a Francesc de Carreras y a Arcadi Espada pedir que la propia Generalitat cumpliera su Ley de Política Lingüística, que en su literalidad garantizaba el bilingüismo. No se pedían declaraciones sobre lo que te sientes o te dejas de sentir. Se pedía que se cumplieran la Constitución y la Ley, como si esto no fuera una zona franca nacionalista. Y la legalidad hubiera evitado la exageración.
Y lo de Wert es predicable de muchos otros: políticos de todo tipo y condición, directores de periódicos, periodistas, empresarios, presidentes de los empresarios o monarcas. La independencia no se evitará diciendo que Cataluña quedará fuera del euro, ni esperando que los belgas, que han tardado siglos en extraditar etarras, garanticen nuestra unidad. Menos golpes de pecho, defensas de la unidad, sentimientos y peticiones de cárcel: la independencia se evitará si se reconocen los errores, las cobardías y las componendas. Hoy lo han dicho muy claro: respeten la legalidad. Y si hace falta vuelvan sobre sus pasos. No es tan difícil.