Aunque el concepto económico de “cartel” suele ser asociado con la conducta de grandes empresas que se ponen de acuerdo para restringir la oferta de un determinado bien o servicio y controlar su precio, asimismo es perfectamente aplicable a la conducta de los gobiernos, como el caso de la OPEP demuestra.
También ayuda a interpretar lo ocurrido en materia de federalismo fiscal en la Argentina y recientes novedades al respecto. Como lo plantearan James M. Buchanan y Geoffrey Brennan en su libro El Poder Fiscal (1997), en los estados federales los gobiernos provinciales se ven sujetos a la competencia intergubernamental, debido a la posibilidad de desplazamiento de ciertos recursos económicos como capital y mano de obra. Esta situación hace que las distintas jurisdicciones provinciales compitan entre sí para atraer esos recursos, ofreciendo mejores condiciones para la inversión y el trabajo, tales como menores tasas impositivas.
Para evitar esa competencia, nada mejor que organizar un “cartel”, es decir, un acuerdo entre los distintos gobiernos para evitarla y poder sostener sus altos impuestos. Todo cartel por cierto, necesita de una cierta disciplina para sostenerse, ya que existe un claro incentivo a renegar de los compromisos asumidos. En el caso de la OPEP, se obtienen altos precios del petróleo reduciendo la oferta, pero entonces surge el incentivo de alguno de los países miembros de no cumplir con esa reducción y beneficiarse de los recortes de producción que han realizado otros. Como esta actitud tiende a generalizarse, el cartel puede fracasar. Para sostenerlo es necesario algún mecanismo que imponga cierta disciplina y elimine o reduzca el incentivo a traicionar.
En el caso de los gobiernos provinciales que pensaran en organizar un cartel para evitar la competencia entre sí, ¿cuál podría ser el mecanismo que asegurara la disciplina? Pues nada mejor para ello que el gobierno nacional: creando impuestos nacionales que luego se repartan entre las provincias; así se asegura una tasa uniforme para todos que elimina cualquier intento de competir. Y se resuelve el problema de la disciplina porque los gobiernos provinciales no pueden modificar esas tasas en sus propias provincias.
Es cierto que el federalismo se deteriora, ya que ahora el gobierno nacional controla los recursos y esto le otorga enorme poder, pero en contrapartida los gobernadores ya no tienen la desagradable tarea de recaudar dinero de sus votantes, y pueden concentrarse en el gasto, una ecuación perfecta porque la primera quita votos mientras que la segunda los atrae. Este cartel, sin embargo, no elimina la competencia entre jurisdicciones ya que ésta se traslada a los porcentajes que se obtengan de la recaudación nacional y a las transferencias que puedan obtenerse del poder central. Estas últimas dependen de la relación que se tenga con el gobierno nacional de turno.
En cuanto a lo primero, el proceso puede verse en la dificultad que existe para considerar y acordar un nuevo régimen de coparticipación federal. Su tratamiento implica abrir la temporada de competencia, generando incertidumbre respecto al futuro, ya que alguno de los que se sientan perjudicados puede amenazar con abandonar el acuerdo. La provincia de Buenos Aires se encontraría en esta situación.
Pero se ha iniciado una competencia intergubernamental a partir de los propios recursos que las provincias recaudan. El gobernador de la provincia de Córdoba redujo las tasas de los impuestos y los resultados han sido la atracción de nuevas inversiones y una tasa de desempleo por debajo del promedio nacional. El gobierno de la provincia de Santa Fe, manifestando que sus tasas ya son menores que las de Córdoba ha decidido, no obstante, reducir algunas de las propias. Otro tanto anuncia ahora el gobierno de Mendoza con relación a su presupuesto para el año que viene.
El cartel está así mostrando fisuras, las cuales serían aún mayores si al considerar la reforma del sistema de coparticipación se avanzara en descentralizar algunos impuestos nacionales. Los contribuyentes, deberían ver esto con agrado. En el mercado de bienes y servicios la competencia termina beneficiando a los consumidores. En este caso, el efecto será similar y, además, como la experiencia cordobesa lo muestra, puede terminar también beneficiando a su mismo gobierno.
© AIPE
Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires de la agencia de prensa AIPE.
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