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Columna publicada el 15-07-2004
Lo peor de la confusión que se está produciendo en las investigaciones sobre los atentados del 11 de marzo no es que no sepamos la verdad, sino que lo que no sabemos -y lo que parece que sí-, hace verosímil casi cualquier hipótesis. A medida que somos más conscientes de lo mucho que ignoramos, aumenta el peligro de que los efectos políticos de esos atentados persistan y se agraven. Las bombas estallaron una vez en forma de terrorismo de Al-Qaeda, y, junto a los muertos y a los heridos, dejaron un efecto político que es hoy evidente para todos salvo para el gobierno: la derrota del PP. Este impacto político impidió que las urnas penalizasen la pose ultraizquierdista del PSOE, lo que, su vez, le impide rectificar y volver a ser uno de los grandes partidos nacionales que España necesita.
Puesto que casi nada sabemos con certeza, todavía puede ocurrir algo aun peor que lo que parecía verdadero. Por ejemplo, que ETA reivindique en privado y ante el gobierno de Zapatero la autoría intelectual y parcialmente material del atentado, que afirme tener que ver con él, y que amenace con hacer pública su reivindicación si no se atienden sus demandas sobre los derechos de los presos, el “Plan Ibarreche”, etc. O que alguien haga verosímil esa hipótesis ante el gobierno y trate de obtener de ella un beneficio.
En este caso, a los efectos criminales de los atentados habríamos de sumar, no una cadena de consecuencias políticas, sino dos: la del 14 de marzo y otra aún peor, que iría dejando sentir sus efectos a lo largo de toda la legislatura, y que no sería conocida por la opinión pública. Por supuesto, el gobierno podría neutralizar los efectos de esa segunda bomba política negándose al chantaje, denunciándolo ante la opinión pública y retractándose de casi todo lo que lleva dicho desde el día 11 de marzo, pero el efecto que esa noticia tendría sobre la posición parlamentaria del PSOE y del PSC en el Parlamento nacional y en el catalán, conduciría casi inevitablemente a la convocatoria de elecciones generales y catalanas, y, posiblemente, a la desaparición del PSOE tal y como hoy lo conocemos. Su denuncia exigiría una nobleza que, por desgracia, no ha caracterizado hasta ahora al PSOE de Zapatero, aunque sería injusto negarle el beneficio de la duda.

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