El Paraguay padece una recesión de 6 años y un estancamiento de 20 años. La ruina es total. Pero lo más trágico es que muchos creen que las reformas que podrían salvar al país son irrealizables por su excesivo costo social. Es un error. Las reformas serán penosas, pero el mayor sacrificio es para el gobierno, no para la gente común. Los que viven del Estado verán caer su nivel de vida al recortarse el gasto público y terminar el privilegio y la coima. Políticos y sindicalistas perderán sus clientelas. La gente común, sin embargo, no será muy afectada. Por el contrario, se librarán de la pesada carga de la ineficiencia y derroche estatal, y pronto obtendrán los frutos de una economía en expansión.
Las recetas del FMI no sirven para impulsar el crecimiento y mejorar la situación de los más pobres. La reactivación exige medidas drásticas, pero de escaso costo social, como privatizar todas las empresas estatales, ampliar la libertad económica, garantizar la propiedad, dolarizar, consolidar el estado de derecho y acabar la corrupción. No requieren ingentes recursos ni el sacrificio de los trabajadores. Los fondos para la reforma deben salir de la privatización y de la venta de los activos ociosos del Estado, incluyendo vehículos, maquinarias y tierras.
Los sistemas de retiro voluntario e incentivos especiales podrían reducir el personal público a una cuarta parte. La desocupación no debería aumentar, pues el crecimiento económico y la desregulación laboral crearán suficiente empleo. También la flexibilización de la ley laboral e incorporación de normas como el primer empleo y el trabajo temporal aumentarán la oferta de empleos y mejorarán la competitividad a la mano de obra, sin sacrificios para la gente común.
Las riquezas del país no se han desarrollado por causa del monopolio estatal. La privatización y desregulación traerán inversiones en las telecomunicaciones, energía, agua potable, cemento, petróleo y gas, y elevará la productividad. El fin del monopolio en el sector eléctrico promoverá millonarias inversiones en la generación, transmisión y distribución de electricidad, desarrollando las poderosas ventajas competitivas del país. La concesión privada de obras públicas y la operación y mantenimiento de puertos y aeropuertos también favorecerán la inversión y el empleo.
La privatización de la seguridad social no tendrá un alto costo social. Más bien eliminará el actual despilfarro y la corrupción de los fondos previsionales, promoverá el ahorro interno y desarrollará un mercado de capitales de largo plazo esencial para la inversión productiva. Más importante, los trabajadores accederán a una jubilación digna.
La inversión y el empleo también crecerán con la apertura de los mercados, la reducción de los impuestos y la derogación de las leyes que frenan la producción. La legalización del gigantesco sector informal, mediante la reducción de los impuestos y eliminación de los trámites burocráticos que mantienen a los pequeños negocios en el mercado negro, traerán empleos y bienestar.
El costo social del cambio es una mentira. Las reformas más significativas, como la sanción de normas jurídicas claras y favorables a la producción, el control de la corrupción, la reducción del déficit, el estímulo a las inversiones, la creación de una justicia independiente y capaz de hacer cumplir las leyes, no representan sacrificio alguno para la gente común que vive de su trabajo, sólo afectan a los parásitos del Estado.
© AIPE
Porfirio Cristaldo Ayala es corresponsal en Asunción de la agencia de prensa AIPE.
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