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El Tribunal Supremo anula el canon digital del PP

Tal y como le ocurrió al PSOE de Rodríguez Zapatero en el año 2011, el canon digital del PP yace en los tribunales en el 2016.

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El canon digital del PP también cae en los tribunales. Trece años después de que las sociedades de gestión de los derechos de autor y la patronales tecnológicas llegaran a un acuerdo para imponer el canon digital que trataba de compensar a los autores por las copias privadas de sus obras, resultó ser arbitrario, indiscriminado y, por lo se vio después, injusto.

Trece años después de producirse aquel desaguisado contra el interés general volvemos a la situación de salida; eso sí, dos gobiernos han caído en el mismo error: atender a la hora de legislar a la denominada industria cultural y desoír a la sociedad civil.

No ha servido para nada al Gobierno de Rajoy, la anulación del canon digital que el Gobierno de Zapatero estableció en 2008 , continuación del polémico canon digital de los CDS Y DVDs vírgenes grabables. Su objetivo era aplicar una directiva de la Unión Europea que autorizaba a compensar a los autores por las copias para uso privado y sin ánimo de lucro que pudieran hacer particulares. En este caso, el Gobierno español, con libertad para legislar, gravó desde reproductores portátiles de música hasta memorias USB e incluso escáneres.

Durante dos años, esta normativa estuvo en funcionamiento sin trabas. Con la sola oposición de la plataforma "Todos contra el canon" que consiguió que el Tribunal de Justicia de la UE se situara en contra del canon digital. Según su dictamen, el canon digital era indiscriminado y no respeta el concepto de "compensación equitativa" ni el "justo equilibrio entre los afectados", como establece la directiva a la que responde la regulación de la compensación por copia privada a través del canon.

Menos de seis meses después de esta sentencia europea fue un tribunal español el que se pronunció en contra de la tasa. Así, la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a una empresa demandada por la SGAE por no pagar el canon -han de pagarlo los fabricantes aunque se traslada a los usuarios en el precio final- debido a que era imposible determinar qué soportes fueron vendidos a empresas y cuáles a particulares. Es decir que, según esta decisión, el canon sólo se ha de aplicar en los soportes que vayan destinados a copia privada, pero no al resto. Por ello, el destinatario final debe ser un particular y las empresas quedarían exentas. De hecho, sería posible, aunque complejo, que cualquier empresa reclame la devolución del canon.

Así las cosas el Gobierno de Rajoy, de la mano de Ignacio Wert y José María Lasalle en vez de enmendar y escuchar, legisla y presenta una nueva LPI en la que impone al conjunto de los contribuyentes 5 millones de euros en compensación a los autores por la copia privada y cae en una flagrante contradicción en el mismo texto al establecer severas restricciones a los consumidores para realizar la copia privada. Era de justicia que esta aberración fuera anulada por el Tribunal Supremo

Trece años después de que comenzara esta pesadilla, los gobiernos solo han atendido las peticiones de las denominadas industrias culturales y han fracasado: no hay compensación a autores, no hay canon digital y la copia privada está severamente restringida. Toca ahora hacer lo que no hicieron los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, Escuchar, incorporar este debate en la Agenda digital, ya que no se trata de un asunto solo afecto a Cultura, permitir a los que hemos tenido voz pero no voto durante estos estériles años,participar en la solución para conjugar este conflicto inacabado para compensar a los autores en este nuevo mundo digital.

Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas.

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