Dos años después de los brutales atentados que costaron la vida a casi 200 compatriotas en Madrid lo más importante que podemos decir es que persiste la amenaza de que esos atentados se repitan e incluso de que se perpetren otros aún de mayor destrucción. A pesar de que muchos ciudadanos, alentados por la miserable manipulación política que el PSOE realizó de estas muertes, piensen que los atentados fueron un lógico castigo por nuestra participación en Irak, lo cierto es que nuestra vergonzante retirada de aquel país no sólo aumenta nuestra seguridad, sino que la debilita. Los terroristas saben que es fácil doblegar la voluntad de Rodriguez Zapatero.
La pregunta es si ante la persistencia de la amenaza estamos adoptando las medidas necesarias para que un atentado de esta naturaleza no pueda volver a ocurrir. La respuesta es tristemente que no. La única respuesta del Gobierno socialista a esta creciente amenaza ha sido el aumento de los efectivos dedicados a luchar contra el terrorismo yihadista. Pero esto no es suficiente. Es más, este aumento de las plantillas no se ha visto acompañado de un aumento simultáneo de los equipos y dotaciones necesarias como para garantizar la plena operatividad de estas unidades. Por otro lado, la depuración puesta en marcha en el seno de la Comisaría General de Información está perjudicando de forma muy notable la eficacia y la moral de esta unidad.
El Centro de Coordinación Antiterrorista ha sido un gran fiasco. Se trata de una unidad puramente administrativa y de muy pequeña entidad y capacidad. Pensar que los poderosos servicios de información de Policía o Guardia Civil, aún en menor medida el CNI, van a dar su información más valiosa o sensible a un Centro de esta naturaleza es situarse fuera de la realidad de las cosas. La mejor prueba de este fracaso es que dos años después del 11-M sigue sin haber una lista de terroristas yihadistas común a todos los servicios españoles.
España tampoco ha adoptada tras el 11-M las medidas legislativas necesarias para prevenir este nuevo tipo de terrorismo como hicieron Estados Unidos tras el 11-S o el Reino Unido tras el 7-J. La necesidad de las Fuerzas de Seguridad de contar con nuevos instrumentos legales para luchar con más eficacia contra este terrorismo son evidentes, aunque políticamente pueda tener su dificultad aprobarlas.
La cooperación internacional ha continuado estos dos años incrementándose para luchar contra un fenómeno terrorista que es esencialmente global. Pero a veces da la impresión de que la política antiterrorista de la Unión Europea sólo avanza a golpe de atentado. En el caso concreto de España, la cooperación antiterrorista con Estados Unidos ha continuado, pero España ya no es políticamente para los norteamericanos el aliado absolutamente fiable y determinado que era hace tan sólo dos años. Eso, a la larga, tendrá también sus consecuencias.
