La aparición de una mochila en la Comisaría de Vallecas cargada con explosivos, bastantes horas después de las explosiones del 11 de marzo, tuvo desde el primer momento algo de misterio. El mero hecho de que se hubiera apilado junto a otros enseres que iban en los trenes y que pasara completamente desapercibida para quiénes realizaron la inspección ocular de los escenarios del crimen demuestra ya de por sí una negligencia policial. Las últimas informaciones aparecidas siembran aún mayores dudas sobre una pista que está en la base de toda la investigación policial posterior.
El 11-M no es un motivo para colgar medallas policiales, sino en todo caso para exigir responsabilidades profesionales. Los servicios de información erraron gravemente en la evaluación previa de la amenaza, subestimando la posibilidad de que un atentado de esa dimensión pudiera llegar a producirse en nuestro país.
Policía y Guardia Civil cometieron errores aún más graves en las investigaciones previas al atentado. Los principales implicados en el 11-M eran confidentes de la propia policía y el resto habían sido controlados por las fuerzas de seguridad desde tiempo atrás y hasta fatídicamente pocos días antes de producirse los atentados. En este sentido, resulta incomprensible que algunos de los mandos responsables de errores policiales graves no sólo hayan permanecido en sus puestos sino que incluso hayan sido ascendidos.
En las investigaciones inmediatas al atentado se produjeron no sólo errores críticos que llevaron al Gobierno a ofrecer una versión absolutamente equivocada del atentado, asegurando desde el primer momento que el explosivo utilizado era de ETA, sino que hubo con posterioridad una deslealtad total con sus mandos políticos legítimos filtrando antes al partido de la oposición sus pesquisas que informado al Gobierno de los datos obtenidos. Esa información permitió al PSOE y a sus medios afines una manipulación de la opinión pública que es la causa fundamental de su victoria electoral.
A la espera de que el juez instructor termine de redactar el sumario, las filtraciones ya habidas muestran ahora que se han seguido produciendo importantes errores policiales en el desarrollo del mismo, lo que puede condicionar la eficacia y la calidad del mismo.
¿Responde todo ello a una conspiración policial para hacer perder las elecciones? Es segura la existencia de numerosos topos del PSOE en la Policía que trabajaron entre el 11 y el 14 de marzo para que Rodríguez Zapatero pudiera alzarse con una victoria electoral. Pero la tesis de una posible implicación de algún miembro de las Fuerzas de Seguridad en un atentado de esta naturaleza, ni siquiera por omisión, resulta no solo repugnante sino totalmente improbable. Los errores cometidos responden más, en nuestra opinión, a la siempre menos atractiva teoría de la incompetencia que a una más fascinante teoría de la conspiración.
¿Hay un interés del Gobierno por tapar ahora esos errores policiales? Por supuesto. En primer lugar, el PSOE es consciente de que en buena medida debe su victoria electoral a determinados elementos policiales. En segundo término, el PSOE tiene el 11-M como un estigma que ensombrece su victoria electoral y tiene por tanto el máximo interés en darle carpetazo y que se olvide. En tercer lugar, es altamente improbable en nuestra opinión, por no decir imposible, que pueda aparecer alguna conexión del 11-M con ETA, pero es evidente que al Gobierno actual no le interesa ninguna otra versión de los atentados que la que ellos propagaron a partir del 11 de marzo.
En todo caso, hay que mantener la confianza en la Audiencia Nacional para depurar cualquier error policial que haya podido contaminar el sumario. Este órgano judicial ha dado a lo largo de su historia suficiente muestras de su independencia y de su capacidad. Será el juez quien deba desvelar los enigmas que siguen envolviendo la mochila y todo lo relacionado con estos terribles atentados.