No hace mucho comentaba que las reformas estatutarias defensivas serían inevitables a la larga. A pesar de ello, el Partido Popular ha podido cometer un grave error en Andalucía. Si el Tribunal Constitucional poda el Estatuto Catalán, ajustándolo sin complejos a los límites establecidos en la Constitución de 1978, la reforma en Andalucía no tendría mucho sentido, y ninguna urgencia.
Pero si el Constitucional, como es previsible, deja el Estatuto Catalán más o menos como está, surgen dos posibles líneas de acción para el PP. La primera es promover una reforma de nuestra Carta Magna que ponga fin a este proceso de desintegración nacional, y establezca garantías explícitas que impidan futuras arremetidas. Pero no veo que el PP sea capaz de llevar a buen puerto un proyecto de ese calado, suponiendo que se atrevieran a intentarlo. La segunda consistiría en desarrollar en las comunidades autónomas en las que gobiernan reformas estatutarias de carácter defensivo, para tratar de buscar un equilibrio en el país por esa vía, si es que es posible.
Es obvio que el PSOE ha impulsado la reforma del Estatuto de Andalucía para que ésta sirva de coartada al desmadre del Estatuto de Cataluña y, lo que es más importante, a lo que está por venir en el País Vasco. Por eso necesitaba ahora sacar adelante lo que fuera, pactado con Izquierda Unida, con los Andalucistas o con el PP. Es esa urgencia la que ha permitido al PP "meter cuchara".
El Partido Popular tenía, en la práctica, dos opciones: participar para rebajar el octanaje de la reforma o retirarse y denunciar el despropósito, por sí mismo y por agravar la peligrosa situación que se vive en el país. Han optado por lo primero, y el error puede haber sido doble. Primero, porque se han contagiado tontamente del fracaso de la maniobra, muy previsible, que ha llevado finalmente a aprobar un Estatuto sin el apoyo popular que sí tuvo el de 1981. Han perdido la oportunidad de cuestionar la legitimidad democrática de este engendro, dejando abiertas líneas de acción para el futuro. Segundo, porque el recién aprobado Estatuto no servirá ni siquiera como arma defensiva una vez que el Tribunal Constitucional deje pasar el texto aprobado en Cataluña sin cambios importantes, en parte porque no se diseñó para eso, y en parte porque el PP lo ha "ajustado" a una Constitución que es ya poco más que un fantasma.
No obstante, la postura del PP sería una opción defendible sólo bajo el supuesto de que el Constitucional va actuar como es debido, y asumiendo que el PSOE iba a sacar adelante, "como sea", un nuevo Estatuto en este momento.
