De la misma forma que no se puede reprochar a las víctimas del terrorismo el haber confiado en su día en la Fiscalía del Estado para reclamar Justicia ante el enaltecimiento del terrorismo que Otegi profirió con ocasión del entierro de una etarra, tampoco podemos reprochar a los redactores de la ley de partidos el haber señalado exclusivamente al Gobierno de la Nación y a la Fiscalía del Estado como únicos legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución.
Es cierto que si antes de la llegada al poder del Gobierno del 14-M las víctimas se hubieran presentado, junto con la Fiscalía, como acusación particular en el llamado caso Otegi, la reciente y bochornosa retirada de cargos por parte del Ministerio Público no se hubiera traducido automáticamente en esa impune puesta en libertad del batasuno que hace poco tenían que dictar, con contrariedad escasamente disimulada, los magistrados de la Audiencia Nacional. Tan cierto como que si el Gobierno y su dependiente Fiscalía no fueran los únicos legitimados por ley en instar la ilegalización de partidos, otros más interesados que Zapatero y Conde Pumpido en impedir todo coladero a los proetarras hubieran podido someter a juicio del Alto Tribunal la posible ilegalización de ANV, como la del PCTV en su día, o la impugnación de todas las listas de esa vieja y durmiente formación proetarra fundadora de Herri Batasuna.
Ahora bien, ni el legislador ni las víctimas en su día, ni los magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo ahora, tienen la culpa de que las instituciones que deberían ser las primeras interesadas en el imperio de la ley y en la lucha antiterrorista –como, se supone, son el Gobierno y la Fiscalía– hayan terminado por alinearse, en esta histórica legislatura, con las tesis exculpatorias de los defensores de Arnaldo Otegi o con los mal disimulados coladores con los que los proetarras pretenden seguir obteniendo financiación y representación política.
La culpa de que el Tribunal Supremo sólo haya podido pronunciarse sobre la impugnación de las listas contaminadas presentadas por el Gobierno y la Fiscalía no la tienen ni los magistrados del Alto Tribunal ni la ley de partidos, sino este Gobierno y su dependiente Fiscalía, empeñados en comprar tiempo de "paz" al terror a base de cesiones.
En lugar de hacer el juego a la tramposa proclama socialista de que el Supremo les ha dado la razón –que la sentencia no se la hubiera dado en lo que tiene de vinculante hubiera supuesto dar por "limpias" hasta las listas que el Gobierno considera "contaminadas"–, fijemos la atención y los titulares en el obiter dicta en el que los magistrados dejan ver claramente su contrariedad por el hecho de que el Gobierno no haya instado la ilegalización de ANV o, al menos, no les haya solicitado la impugnación de la totalidad de sus candidaturas.
En numerosas ocasiones nos hemos distanciado –y lo seguiremos haciendo– del papanatismo políticamente correcto de que todas las resoluciones judiciales merecen igual estimación y respeto en el que a veces incurre el partido de Rajoy. Pero en esta ocasión creemos, con el PP, que el Gobierno había "maniatado" a la justicia. No se trata, insistimos, de incurrir ahora en ese nihilista positivismo jurídico que tanto hemos criticado de dar por justa cualquier sentencia. Se trata tan sólo de dar a cada uno lo suyo. Y, en este caso, nuestra crítica y nuestro desprecio se los merecen, exclusivamente, el Gobierno colaboracionista de Zapatero y su servil Fiscalía.
