Bajo la mirada amenazadora de miembros del cuerpo diplomático, en representación de los "países amigos" de Guatemala, el Congreso de la República aprobó una nueva Ley de Adopciones que comienza a regir el 31 de diciembre,
Lo que logra la nueva normativa es darle el monopolio de los trámites de adopción a un Consejo Nacional de Adopciones y dificulta exageradamente los trámites. Los llamados "países amigos" presionan para que Guatemala se adhiera al Convenio de La Haya y el objetivo final es acabar o hacer extremadamente difíciles las adopciones internacionales.
La ofensiva legislativa se basa en premisas distorsionadas o falsas. Una de ellas es que muchos niños que se dan en adopción son robados, otra es que la adopción no estaba regulada y la tercera es que la adopción es un gran negocio.
Si bien es cierto que hay casos de robos de niños, es muy raro que sean para adopción porque la mayoría de los niños adoptados en Guatemala van a Estados Unidos. Y el 96% de estos casos son niños a quienes sus padres entregan voluntariamente, lo cual se verifica previamente a través de pruebas de ADN. El otro 4% es de niños declarados en abandono, lo cual requiere un proceso judicial bastante largo.
De las 150 denuncias de "sustracción de menores" que tenían las autoridades hasta agosto, solamente cinco resultaron verdaderas. Las demás eran de padres separados que les quitaban los niños a la madre o de madres que habían dado sus hijos en adopción y luego se arrepentían y denunciaban que se los habían robado. Tan es así que Rosa María de Frade, ex portavoz de la presidencia de Guatemala, declaró en mi programa de radio Todo a Pulmón que no se podían dar por ciertas las denuncias de que se robaban niños para darlos en adopción.
La adopción en Guatemala era un proceso bien regulado y lleno de requisitos, lo cual lo hacía costoso. Pero era un proceso descentralizado y eso molestaba a los burócratas. Lo que quieren con la nueva ley es centralizarlo, con la excusa que los burócratas sabrán mejor lo que realmente conviene a los niños.
La razón por la que es tan costoso el proceso de adopción (que por cierto los padres adoptivos pagan gustosamente) es precisamente por el coste de la autorización, incluidos los sobornos que hay que pagar en muchas de las oficinas que tienen que ver con el trámite. Si de verdad se quisiera abaratar, lo que habría que hacer es eliminar trabas en lugar de imponer obstáculos adicionales.
El resultado final es que se acabarán o se reducirán considerablemente las adopciones, con lo cual se afectará muy negativamente las vidas de muchísimos niños pobres e inocentes.
