Los Juegos Olímpicos en Pekín, bajo el eslogan "Enciende la pasión, comparte un sueño", son una pesadilla, y no sólo para el Gobierno chino. Al particular derecho que rige en China se agregó la Ley de Murphy: "Todo lo que puede salir mal, saldrá peor". Sus ominosas consecuencias han dañado hasta una turbina del avión presidencial.
El desasosiego comenzó con las protestas en el Tíbet, se agravó con el frustrado "viaje de la armonía" de la antorcha olímpica y nos alcanza con la visita de la Presidenta Bachelet a China.
Monjes y activistas han aprovechado estos Juegos para sus causas. Con la gira de la presidenta, algunos dirigentes chilenos pretenden algo parecido. Unos creen que es la ocasión para protestar por la situación en el Tíbet, y otros para desconocer la asociación entre capitales chinos y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Si los chinos se asocian, pedirán cuentas que actualmente no se rinden, se romperá el dogma de la propiedad estatal en esa empresa y el negocio puede no ser tan rentable. La otra demanda, en cambio, es de principios y coherente con reclamar el respeto por los derechos humanos en Cuba, Myanmar, Chad, Corea del Norte y otros gobiernos sin significación económica.
La mandataria puede simpatizar con causas humanistas y estatistas y no asumirlas en razón de su cargo. Está limitada por su deber superior de velar por el interés nacional. No cabe criticar tal contradicción. De prevalecer esas convicciones, las consecuencias afectarán a todo el país, y no tenemos capacidad para alterar los acontecimientos salvo para autoperjudicarnos. Los chinos no renunciarán a imponer orden en sus territorios y, para invertir y relacionarse, buscarán otros países que respeten lo pactado. Además, se causará una humillación que China no merece: está ampliando las oportunidades de libertad de su pueblo y contribuye a nuestro bienestar con el comercio y la cooperación mutua. Sólo el intercambio recíproco equivale a más del 10 por ciento del producto nacional.
De paso, Chile perdería la confianza ganada por el cumplimiento de sus compromisos por sucesivos gobiernos. El Gobierno militar cumplió su cronograma constitucional y pagó todas sus obligaciones financieras en las más difíciles circunstancias, incluso a la Unión Soviética. El presidente Allende, al restablecer relaciones con China durante la gestión de Mao, aceptó el principio de no intervención en sus asuntos internos y el de la integridad territorial, incluidos Tíbet y Taiwán. Los gobiernos siguientes han seguido respetando esos acuerdos. La presidenta deberá optar entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. No tengo duda de que actuará correctamente, en beneficio del interés general.
