La asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha constituido en la polémica más importante del sistema educativo español desde que el Gobierno socialista de Felipe González aprobara la LOGSE en 1990. No sólo ha conseguido que se manifiesten cientos de miles de personas contrarias a su implantación, sino que ha movilizado a la sociedad civil hasta el punto de que se han creado innumerables organizaciones que luchan activamente por su desaparición, y cientos de padres se han acogido al derecho a la objeción para sus hijos. Algunos tribunales les han dado la razón y el conflicto entre sociedad civil y poder político no ha hecho más que empezar.
Pero EpC es una consecuencia lógica del sistema educativo que sufrimos en España, de cualquier sistema educativo público. La instrumentalización de la educación para conseguir determinados fines políticos es una tentación demasiado fuerte como para que los gobiernos no la usen de manera interesada. En España, a la EpC hay que sumar las políticas educativas de los gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco y de las coaliciones socialistas-nacionalistas en Galicia y las Islas Baleares. En todos ellos la educación en la lengua de la región (y no en castellano) se ha convertido, no en una opción, sino en una obligación para los residentes. Incluso en comunidades autónomas como la valenciana, gobernada por un PP que en teoría es contrario a este proceso, la educación pública en valenciano tiene un peso considerable.
La educación pública es, como vemos, un difusor del credo socialista, ecologista o nacionalista, y olvida su labor docente. Poco importan los resultados si al final de la edad académica los jóvenes han aprendido los principios básicos del régimen. No importa que las pruebas que periódicamente se realizan para evaluar los conocimientos de los alumnos arrojen resultados cada vez más lamentables. Una ley que baje el listón de los conocimientos básicos o que permita la posibilidad de pasar de curso o incluso acabar todo el proceso con varios suspensos resuelve en términos estadísticos el problema. La propaganda hace el resto.
La descentralización se ha convertido en un proceso nefasto para la educación española, pero no por su naturaleza policéntrica, sino por el carácter de las instituciones que compiten entre sí. De hecho, estamos ante una competencia entre estamentos públicos que nada tiene que ver con la competencia entre empresas y particulares en un sistema de libre mercado. Los conflictos con y entre ellos se resuelven mediante el enfrentamiento directo y la coacción, no con la captación de los clientes de la competencia, y los gobernantes legitiman en las urnas políticas liberticidas. Mientras tanto, los ciudadanos tienen pocas opciones para revertirlas salvo la protesta o largos y complicados procesos en los tribunales.
Como hemos visto, no importa la suavidad o la dureza del régimen, su legitimidad o su carácter ilícito. El sistema público es susceptible de corrupción en todos los casos, y su eficiencia está limitada por su propia naturaleza. La educación privada es la única opción razonable ante los desastres que aquejan a la pública, pues en aquélla confluyen la actividad empresarial, la competencia por un servicio mejor y la voluntariedad de todas las partes. El problema es que para que esta idea cale hay que refutar uno a uno todos los tópicos que recaen sobre la educación privada.