L D (EFE) La flexibilidad mostrada por el nuevo Gobierno español en la difícil cuestión del reparto del poder ha hecho posible la reactivación de los trabajos de la Conferencia intergubernamental (CIG), que habían quedado bloqueados en diciembre por la enconada disputa en torno al sistema de voto.
La aceptación por parte de Madrid del principio de la "doble mayoría" (de estados y de población) para la toma de decisiones en el Consejo de ministros de la UE ha devuelto la confianza a los negociadores, pero no bastará por sí sola para garantizar el éxito en el poco tiempo que queda. Siguen sin encajar numerosas piezas del paquete institucional en el que se entremezclan las tres cuestiones clave relacionadas con el sistema de voto, la limitación de los vetos nacionales y la composición futura de la Comisión Europea (CE).
La Presidencia irlandesa aún no tiene intención de presentar alternativas a la definición de la "doble mayoría" que propuso la Convención Europea, pero sí ha comenzado a sondear a los socios sobre algunas nuevas ideas relativas a la composición de la CE. En un "documento de trabajo" que el ministro Brian Cowen ha hecho llegar a sus colegas se especula con la posibilidad de mantener hasta el año 2014 el principio -defendido a ultranza por los "pequeños"- de que todo estado miembro ha de poder designar a un comisario en el Ejecutivo europeo. Después de dos mandatos completos (10 años), la Comisión pasaría a un formato más reducido -una exigencia de los "grandes", que ven en ello una garantía de eficacia-, y estaría compuesta por 18 miembros, de manera que en una Unión de 27 estados cada uno de ellos podría contar con un nacional en el Ejecutivo de Bruselas durante dos mandatos de cada tres, sin discriminaciones.
La fecha de 2014 planteada para los cambios en la Comisión podría convertirse de hecho en una variable con la que jugar a la hora de introducir otras innovaciones institucionales. Si se acepta, equivaldría a darle al Tratado de Niza, que tan favorable es para España, una vida garantizada de al menos 10 años. En un intento de aproximar posturas y facilitar el clima para el esprint final, la Presidencia irlandesa ha hecho suyas algunas enmiendas relevantes, como las "líneas rojas" británicas en materia de veto o la aspiración española de que la Constitución pueda ser traducida a lenguas cooficiales. La Presidencia ha incluido esta propuesta en el documento preparatorio de las reuniones del lunes y martes, pero en él no hace referencia, sin embargo, a la aspiración de que los ciudadanos que hablen las lenguas cooficiales nacionales puedan dirigirse a las instituciones de la Unión, y obtener respuesta de ellas, en sus lenguas vernáculas.
El espinoso asunto del catalán
El nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero transmitió el 4 de mayo a sus socios una propuesta encaminada a promover un reconocimiento "ad hoc" para las lenguas consideradas cooficiales en estados descentralizados. Alguna de ellas, como el catalán, es hablada por una población muy superior a la de nuevos estados miembros como Malta o Estonia, cuyas lenguas sí son consideradas sin embargo oficiales por la UE a todos los efectos de traducción e interpretación.
La propuesta sobre las traducciones es el anexo 39 de un total de 43 donde quedan reflejados otros apartados de la Constitución que la Presidencia considera cerrados tras la reunión de expertos celebrada en Dublín el pasado 4 de mayo. En la lista figuran enmiendas a los artículos relativos, por ejemplo, a la igualdad de los estados miembros, la figura del ministro de Asuntos Exteriores de la UE, el procedimiento simplificado de revisión de la Constitución, las perspectivas financieras, o la coordinación de la política económica.
La Presidencia distribuyó a los negociadores un segundo documento en el que aborda las cuestiones sobre las que, por el contrario, en su opinión, "sería útil una discusión" en la reunión de la CIG de la próxima semana. El lunes, los Veinticinco examinarán asuntos que no pudieron consensuar los expertos el pasado 4 de mayo en Dublín, relativos, por ejemplo, al ejercicio de la presidencia del Consejo de ministros, el presupuesto o la jurisdicción del Tribunal sobre el procedimiento de déficit excesivo. El martes, la Conferencia Intergubernamental abordará las cuestiones del campo de aplicación del voto por mayoría cualificada y del tamaño de la Comisión Europea.