LD (EFE) El subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Carlos Javier Vega, anunció que el Congreso de los Diputados deberá decidir sobre el retiro de inmunidad del alcalde del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscalía, explicó, considera que el alcalde cometió desacato a una orden judicial en torno al litigio del terreno conocido como El Encino, en el barrio de Santa Fe. La PGR considera que López Obrador violó una orden dictada por un juzgado en relación con la expropiación de dichos terrenos.
El propietario del terreno había interpuesto un recurso de amparo contra la expropiación, que fue admitido, pese a lo cual las obras continuaron por decisión de López Obrador.
El alcalde se defendió al declarar en rueda de prensa que no había cometido ningún delito ni violado ley alguna al permitir que continuaran las obras en el terreno de El Encino, que fue expropiado para la construcción de carreteras antes que él ocupara ese cargo. El alcalde considera que el legítimo propietario del terreno se apropió del mismo con malos manejos y en complicidad con administraciones anteriores del gobierno del Distrito Federal. El caso había comenzado en agosto de 2002, pero estaba parado sin justificación legal desde abril de 2003.
Por su parte, el subsecretario de la administración del Distrito Federal, Martí Batres, calificó la acción judicial de "irresponsable y arbitraria", al considerar que constituye "una resolución fuera de la Ley que fractura al Estado de Derecho". Destacó que "resulta aberrante que se quiera desaforar al jefe de gobierno del Distrito Federal por el simple hecho de haber intentado construir una calle para darle servicio a un hospital". En realidad, aseguró, "no se busca sancionar un supuesto incumplimiento de una suspensión ordenada por un juez, sino la inhabilitación del jefe de Gobierno con el propósito de evitar que pueda ser eventualmente candidato a la presidencia en el 2006".