L D (EFE) Computados los sufragios en 30 de las 34 circunscripciones electorales de la República, un 80 por ciento de los votantes respaldó la modificación constitucional propuesta por el Gobierno irlandés, en un plebiscito que tuvo un índice de participación cercano al 60 por ciento. "El Gobierno tiene ahora un mandato para hacer una ley de nacionalidad y un proyecto de ley de inmigración adecuado que evitarán dificultades de tipo constitucional", dijo el ministro irlandés de Justicia, Michael McDowell.
La consulta popular, que coincidió con las elecciones locales y europeas y a las que estaban convocados tres millones de irlandeses, había causado una gran polémica. Organizaciones no gubernamentales y la izquierda irlandesa acusaron al Ejecutivo de racismo y de utilizar a los inmigrantes como "cabezas de turco" para maquillar su fracaso en política social.
Sin embargo, el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, argumentó que la República es el único país de la Unión Europea que concede la nacionalidad por el "derecho de nacimiento", lo que hace que "muchas mujeres en las últimos meses de gestación vengan aquí" para evitar las restricciones de otros estados miembros.
El "Taoiseach" (como se conoce al primer ministro en Irlanda), ha insistido en que su propuesta permitirá a los nacidos en Irlanda obtener la nacionalidad si uno de los padres "ha residido legalmente en el país al menos tres de los últimos cuatro años". La postura de Ahern contó con el apoyo de sus socios en el Gobierno, los Demócratas Progresistas, y del principal partido de la oposición, el derechista Fine Gael.
El derecho a la nacionalidad por nacimiento, amparado por la Carta Magna irlandesa, entró en vigor después de la ratificación, también en referéndum, del histórico acuerdo de paz del Viernes Santo para el Ulster, firmado en Belfast el 10 de abril de 1998.
La consulta popular, que coincidió con las elecciones locales y europeas y a las que estaban convocados tres millones de irlandeses, había causado una gran polémica. Organizaciones no gubernamentales y la izquierda irlandesa acusaron al Ejecutivo de racismo y de utilizar a los inmigrantes como "cabezas de turco" para maquillar su fracaso en política social.
Sin embargo, el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, argumentó que la República es el único país de la Unión Europea que concede la nacionalidad por el "derecho de nacimiento", lo que hace que "muchas mujeres en las últimos meses de gestación vengan aquí" para evitar las restricciones de otros estados miembros.
El "Taoiseach" (como se conoce al primer ministro en Irlanda), ha insistido en que su propuesta permitirá a los nacidos en Irlanda obtener la nacionalidad si uno de los padres "ha residido legalmente en el país al menos tres de los últimos cuatro años". La postura de Ahern contó con el apoyo de sus socios en el Gobierno, los Demócratas Progresistas, y del principal partido de la oposición, el derechista Fine Gael.
El derecho a la nacionalidad por nacimiento, amparado por la Carta Magna irlandesa, entró en vigor después de la ratificación, también en referéndum, del histórico acuerdo de paz del Viernes Santo para el Ulster, firmado en Belfast el 10 de abril de 1998.