L D (EFE) Las medidas, que fueron refrendadas por más de 20 organizaciones, colegios profesionales y sindicatos, incluían, entre otras medidas, alarmas en los centros más problemáticos, mecanismos de seguridad pasiva (cámaras de videovigilancia o conexiones con comisaría), así como dotar a los médicos que hacen visitas a domicilio "a enfermos complicados" de teléfonos móviles conectados con la policía.
El plan fue anunciado ya por el consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela, tres meses antes de su aprobación en respuesta a los requerimientos de los trabajadores del 12 de Octubre que habían denunciado tres graves agresiones de pacientes y familiares en menos de quince días, denuncias a las que se sumaron otras, hasta más de un centenar, que tramitó el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
El plan, dotado con nueve millones de euros para gastar en dos años, contaba con elaborar otros en cada uno de los centros en un plazo máximo de seis meses, de acuerdo con sus necesidades de seguridad y la situaciones violentas que se hayan producido en ellos. Aunque el Gobierno regional aseguró que los índices de agresiones al personal sanitario no son alarmantes en la Comunidad de Madrid –no llegan al cuatro por ciento, según dijo Lamela, ni en Madrid ni en el resto de la Unión Europea–, reconoció la necesidad de este plan "preventivo" para "erradicar tensiones y alarma".