L D (EFE) El abogado del Estado justificó la impugnación de estas ayudas consignadas en 2004 por considerar que eran "nulas de pleno derecho", porque excedían las competencias municipales establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local.
En su dictamen, el juez establece que, con la aprobación de estas subvenciones, el Ayuntamiento no incide en la política penitenciaria, sino que "actúa sobre los efectos reflejos que ocasiona en la vida cotidiana de los vecinos".
Sobre esta materia, recuerda que las administraciones locales tienen potestad para actuar dado que, entre las labores de los servicios sociales de base, se incluye la posibilidad de "desarrollar programas de intervención orientados a proporcionar los medios que faciliten la integración social de las personas, familias y grupos".
En los dos últimos plenos municipales, el primer edil ha escrito en un papel los nombres de los presos de ETA vecinos de esta localidad, cuya situación en las cárceles fue recordada ante la Corporación por los concejales de la plataforma Mugarra Bilgunea, del entorno de Batasuna-ETA.