L D (Agencias) La Sala del Supremo dictó una sentencia el pasado 26 de marzo en la que estimó los recursos presentados por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal y anuló la proclamación de las listas presentadas por la AG a las elecciones vascas. La resolución se tiene que dar entre este martes y el próximo jueves, antes del 1 de abril, fecha de comienzo de la campaña electoral en el País Vasco.
La Sala Segunda del TC acordó dar un plazo al Gobierno y a la Fiscalía para que aleguen lo que estimen procedente en relación al recurso de amparo presentado por AG. La Abogacía del Estado, que representa al Gobierno, tiene dos días para formular sus alegaciones, y la Fiscalía un día.
La normativa aplicada al caso es el acuerdo del Pleno del Constitucional de 20 de enero de 2000, que estableció las reglas de tramitación de los recursos de amparo electorales. Su artículo segundo establece dar traslado de esos recursos a las partes intervinientes en el procedimiento previo (en este caso, la Abogacía del Estado), y un plazo de dos días para personarse. Además, se establece un plazo de un día a la Fiscalía para alegar.
El mismo acuerdo indica que el Tribunal Constitucional se pronunciará en los tres días siguientes al plazo de alegaciones a las partes, por lo que podría hacerlo incluso el próximo sábado, 2 de abril. Sin embargo, fuentes del Constitucional destacaron que intención del alto tribunal es dictar la sentencia antes de las cero horas del próximo viernes, 1 de abril, momento en que arranca la campaña de las elecciones vascas.
La Sala Segunda del TC encargada de decidir
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional está presidida por Guillermo Jiménez, vicepresidente del alto tribunal; y formada además por los magistrados Vicente Conde, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Ramón Rodríguez Arribas y Pascual Sala.
Desde 2003, el T.C. ha confirmado en distintas sentencias la anulación de dos centenares de candidaturas por ser continuadoras de la ilegalizada Batasuna. La última vez fue en mayo de 2004, cuando avaló la anulación de la candidatura de Herritarren Zerrenda a las elecciones europeas. Dicha sentencia contó con el voto particular concurrente (que estaba de acuerdo con el fallo pero no con toda la fundamentación jurídica) de la actual presidenta del tribunal, María Emilia Casas, que se mostraba crítica con los cortos plazos previstos en la Ley para resolver este tipo de asuntos. Casas no participará esta vez en la deliberación, ya que integra la Sala Primera del tribunal.