L D (EFE) Líderes locales, un famoso boxeador, un ex rehén liberado después de que la dirigente accediera a retirar las tropas filipinas en Irak y varios personajes del mundo del espectáculo presenciaron la manifestación para dar su respaldo a la mandataria. Según cálculos de la policía, los filipinos reunidos en Luneta fueron 50.000, aunque otras fuentes gubernamentales afirmaron que la cifra alcanzó las 100.000 personas.
El alcalde de Manila, Lito Atienza, declaró a la televisión local ABS-CBN que el evento es "un llamamiento a la sobriedad. Queremos que se resuelva este conflicto dentro del marco de la ley y no en las calles". El edil también desmintió informaciones de que funcionarios del Gobierno recibirían 2.000 pesos (36 dólares; 30 euros) por su participación en la que los organizadores denominaron "Reunión para la Paz y Unidad para el Imperio de la Ley". Sin embargo, "Anakbayan", una organización de jóvenes izquierdistas, aseguró que un memorándum emitido por el alcalde de Manila obligaba a los alumnos y empleados de escuelas estatales en la capital filipina a asistir a la manifestación.
Macapagal Arroyo comenzó a sufrir su peor crisis política hace seis semanas cuando estalló el escándalo de las escuchas telefónicas que la acusan de fraude electoral. Aunque admitió que había hablado con un funcionario electoral durante las elecciones presidenciales en mayo de 2004, la presidenta negó que intentara amañar los resultados de esos comicios. A las acusaciones de fraude electoral se han sumado alegaciones de que miembros de su familia cobran comisiones millonarias de la lotería ilegal denominado "jueteng".
Desde que comenzó la crisis en junio, se organizan marchas de protesta casi diarias, y la mayor manifestación contra la presidenta, con al menos 30.000 participantes, tuvo lugar el miércoles, aunque sin lograr reunir a los centenares de miles de personas que salieron a las calles y precipitaron la caída de dos presidentes del país. Los partidarios de Macapagal Arroyo tenían como objetivo demostrar a través de la manifestación en Luneta que la mayoría de la población filipina está de acuerdo con que la presidenta debe mantener su cargo.
Pero el último sondeo elaborado por la empresa Social Weather Stations revela que el 62 por ciento de los encuestados mantiene que la presidenta debe dimitir, mientras el 85 por ciento señala que debe ser sometida a un proceso de incapacitación presidencial si insiste en quedarse en el poder.