El portavoz de los letrados, Eduardo García Peña explicó que los procesados se encuentran en "una situación de indefensión", que vulnera "su derecho constitucional a un proceso con todas las garantías". Además, denunciaron que en el proceso se ha producido un quebrantamiento en el principio de igualdad, ya que el Ministerio Público, es decir, la fiscal Olga Sánchez, se dedica en exclusiva al juicio, al igual que Juan del Olmo, mientras que los abogados de oficio "trabajan en esta causa y en todas las defensas asignadas por turno de oficio o particulares".
Asimismo, García Peña especificó que para hacer frente a esta defensa será necesario que "cada abogado se dedique en exclusiva a este proceso durante los seis meses anteriores al juicio y a lo largo del desarrollo de éste", por lo que se verán obligados a no poder atender a ningún otro cliente de oficio o particular en este periodo.
Unos emolumentos de 315 euros
El colectivo también se quejó del dinero asignado al turno de oficio, ya que entiende que las retribuciones económicas habituales "no son aplicables a este procedimiento" dadas sus dimensiones. En esta línea, García Peña explicó que el Ministerio de Justicia va a abonar a cada abogado por todo el proceso la cantidad total de 315 euros, a lo que se sumará otros 19 euros por cada 1.000 folios del sumario. "Es evidente que el baremo está absolutamente desfasado y no está concebido ni contempla, en ninguno de sus supuestos, un procedimiento de la envergadura, la complejidad y la trascendencia que tiene el sumario del 11-M", dice el manifiesto.
Los letrados explicaron que el Colegio de Abogados de Madrid realizó un estudio para llegar a una cifra "razonable" que debería cobrar cada abogado por todo el procedimiento, y dijo que sería de unos 60.000 euros, cosa que transmitirán al ministro de Justicia en una reunión que tienen programada para el próximo 20 de junio. García Peña explicó que quieren "que el Ministerio asuma "la realidad de falta de medios y que el baremo que regula la retribución económica no es razonable en este proceso", para después concretar el tipo de medidas que supliría la precariedad actual.
No obstante, recalcaron que a pesar de las dificultades no pensaban renunciar a la defensa de estos procesados ya que, recordaron, están en el turno de oficio de forma voluntaria, por vocación y por un sentido de servicio público.
Una de las principales reivindicaciones de los abogados es la necesidad de más traductores, ya que la mayoría de procesados no hablan en castellano. Además, es un obstáculo la dispersión de los procesados a lo largo de las prisiones de toda la geografía española. Así, García Peña criticó el que el Ministerio de Justicia abone por cada desplazamiento un total de 30 euros, ya "sea para ir a Cádiz o a Alcalá de Henares".
López Aguilar dice que sus sueldos "no dependen" de su Ministerio
El ministro de Justicia, por su parte, ha replicado que los honorarios de turno de oficio "no dependen de ninguna decisión arbitraria de este Ministerio o de este Gobierno, sino que están tasados por la ley", aunque prometió "hacer un esfuerzo por satisfacer en la mejor medida posible el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que aseguran los abogados de oficio a los 29 procesados del 11-M, que deberán sentarse en el banquillo, de acuerdo con el auto de procesamiento".
No obstante, recordó que "los honorarios del turno de oficio están establecidos por la legalidad y se administran por el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados", anunció que Justicia hará "un esfuerzo de aproximación" para que "el proceso sea completado con todas las garantías en el menor tiempo posible".
El ministro confió en la profesionalidad de los abogados del turno de oficio y en que la asistencia jurídica y el derecho a un juicio con todas las garantías "no dependen -dijo- de una consideración económica".